Derecho de acceso a la información
Por Armando Maya Castro
Todas las personas de nuestro tiempo, interesadas en conocer información en poder del gobierno o de las instituciones públicas, pueden acceder a ella. Es un derecho que el Estado debe garantizarles “para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia”, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Lamentablemente esto no fue siempre así, pero debemos celebrar que hoy por hoy contemos con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que nace con la finalidad de garantizar el acceso de las personas a la información en poder de las instituciones públicas, a fin de que haya mayor transparencia en la gestión pública.
Esta ley establece en su artículo 40 que las personas o sus representantes puedan "presentar ante la unidad de enlace, una solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto”. El artículo 44, por su parte, dispone que la solicitud sea contestada "en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquella".
A diferencia del pasado, en el que el acceso a la información pública era un verdadero obstáculo para el ejercicio periodístico, la ley en comento representa un avance significativo en la rendición de cuentas, al tiempo de promover la apertura de las instituciones públicas, y lograr que las demandas informativas que interesan a la sociedad sean atendidas.
Es importante que el derecho al acceso a la información sea debidamente promovido, a fin de que los diversos grupos sociales puedan incorporarlo a sus actividades diarias en defensa de sus derechos, para que se traduzca en mejores niveles de participación social y, consecuentemente, en ejercicios gubernamentales más transparentes y libres de corrupción. Hay que tener presente lo que Ernesto Villanueva nos recuerda sobre la interpretación de Jorge Carpizo al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: toda persona tiene derecho “a atraerse información, a informar y ser informada”.
Lo anterior es muy importante si tomamos en cuenta que el libre ejercicio del periodismo en México ha implicado innumerables riesgos, amenazas y obstáculos para los profesionales de la comunicación. Las agresiones a periodistas mexicanos han sido tantas y tan frecuentes, que México ha sido considerado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
Por ello me parecen meritorios los avances en materia de leyes garantes de la libertad de expresión, una conquista liberal que, en el caso específico de México, data de la Carta Magna de 1857, que otorga reconocimiento constitucional a la libre expresión al establecer entre otras libertades la de la palabra, imprenta, enseñanza, reunión y trabajo.
Sin embargo, antes de la promulgación de la citada Ley Suprema podemos encontrar un antecedente de la libertad de prensa: la Ley Lafragua, elaborada por José María Lafragua, y dada a conocer durante el gobierno de Ignacio Comonfort, en diciembre de 1855.
En esta lucha, es memorable el discurso de Francisco Zarco en la Asamblea Constituyente de 1857, uno de los pocos periodistas invitados a dicho Congreso, en donde defendió la libre expresión en los siguientes términos: “Deseo defender la libertad de prensa, como la más preciosa de las garantías del ciudadano y sin la que son mentiras cualesquiera otras libertades y derechos”.
Durante la presidencia de Benito Juárez (1858-1872), mejoraron considerablemente las condiciones para la libertad de expresión, especificadas en la Constitución liberal arriba citada. A partir de entonces, se publicaron periódicos de diferentes tendencias políticas e ideológicas, en los que se exponían y defendían las ideas de los grupos, ya fueran conservadores o liberales.
Para Ernesto Villanueva, quien define el acceso a la información pública como una vertiente del derecho a la información, “las garantías liberales de libertad de expresión y de información se enlazan con la positivización del derecho a la información”. Este autor se refiere enseguida a los esfuerzos por darle fuerza legal al derecho a la información; afirma que esta lucha “es reciente” y “ha sido una tarea sinuosa y complicada, debido a las resistencias de quienes ejercen el poder para ser escrutados por la sociedad civil”.
Afortunadamente, los avances legales en la materia nos permiten realizar un periodismo de más calidad, todo gracias al acceso a la información pública, que ha venido a ser un importante aliado de quienes hacen periodismo. Estos avances nos permiten ver un futuro más alentador para la libertad de expresión en México, esto a pesar de los peligros que existen para quienes se dedican a la noble tarea de investigar e informar.
Finalmente, considero que el principal desafío es hacer un periodismo con ética y respeto a las audiencias, que le permita conservar su credibilidad y su razón de ser, y que las personas de a pie conviertan el derecho de acceso a la información en una herramienta de utilidad para su quehacer cotidiano.
Lamentablemente esto no fue siempre así, pero debemos celebrar que hoy por hoy contemos con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que nace con la finalidad de garantizar el acceso de las personas a la información en poder de las instituciones públicas, a fin de que haya mayor transparencia en la gestión pública.
Esta ley establece en su artículo 40 que las personas o sus representantes puedan "presentar ante la unidad de enlace, una solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto”. El artículo 44, por su parte, dispone que la solicitud sea contestada "en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquella".
A diferencia del pasado, en el que el acceso a la información pública era un verdadero obstáculo para el ejercicio periodístico, la ley en comento representa un avance significativo en la rendición de cuentas, al tiempo de promover la apertura de las instituciones públicas, y lograr que las demandas informativas que interesan a la sociedad sean atendidas.
Es importante que el derecho al acceso a la información sea debidamente promovido, a fin de que los diversos grupos sociales puedan incorporarlo a sus actividades diarias en defensa de sus derechos, para que se traduzca en mejores niveles de participación social y, consecuentemente, en ejercicios gubernamentales más transparentes y libres de corrupción. Hay que tener presente lo que Ernesto Villanueva nos recuerda sobre la interpretación de Jorge Carpizo al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: toda persona tiene derecho “a atraerse información, a informar y ser informada”.
Lo anterior es muy importante si tomamos en cuenta que el libre ejercicio del periodismo en México ha implicado innumerables riesgos, amenazas y obstáculos para los profesionales de la comunicación. Las agresiones a periodistas mexicanos han sido tantas y tan frecuentes, que México ha sido considerado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
Por ello me parecen meritorios los avances en materia de leyes garantes de la libertad de expresión, una conquista liberal que, en el caso específico de México, data de la Carta Magna de 1857, que otorga reconocimiento constitucional a la libre expresión al establecer entre otras libertades la de la palabra, imprenta, enseñanza, reunión y trabajo.
Sin embargo, antes de la promulgación de la citada Ley Suprema podemos encontrar un antecedente de la libertad de prensa: la Ley Lafragua, elaborada por José María Lafragua, y dada a conocer durante el gobierno de Ignacio Comonfort, en diciembre de 1855.
En esta lucha, es memorable el discurso de Francisco Zarco en la Asamblea Constituyente de 1857, uno de los pocos periodistas invitados a dicho Congreso, en donde defendió la libre expresión en los siguientes términos: “Deseo defender la libertad de prensa, como la más preciosa de las garantías del ciudadano y sin la que son mentiras cualesquiera otras libertades y derechos”.
Durante la presidencia de Benito Juárez (1858-1872), mejoraron considerablemente las condiciones para la libertad de expresión, especificadas en la Constitución liberal arriba citada. A partir de entonces, se publicaron periódicos de diferentes tendencias políticas e ideológicas, en los que se exponían y defendían las ideas de los grupos, ya fueran conservadores o liberales.
Para Ernesto Villanueva, quien define el acceso a la información pública como una vertiente del derecho a la información, “las garantías liberales de libertad de expresión y de información se enlazan con la positivización del derecho a la información”. Este autor se refiere enseguida a los esfuerzos por darle fuerza legal al derecho a la información; afirma que esta lucha “es reciente” y “ha sido una tarea sinuosa y complicada, debido a las resistencias de quienes ejercen el poder para ser escrutados por la sociedad civil”.
Afortunadamente, los avances legales en la materia nos permiten realizar un periodismo de más calidad, todo gracias al acceso a la información pública, que ha venido a ser un importante aliado de quienes hacen periodismo. Estos avances nos permiten ver un futuro más alentador para la libertad de expresión en México, esto a pesar de los peligros que existen para quienes se dedican a la noble tarea de investigar e informar.
Finalmente, considero que el principal desafío es hacer un periodismo con ética y respeto a las audiencias, que le permita conservar su credibilidad y su razón de ser, y que las personas de a pie conviertan el derecho de acceso a la información en una herramienta de utilidad para su quehacer cotidiano.