Abogados rechazan requisito de especialización para litigar en materia familiar
Tijuana, 2 de Abril. - Colegios, barras y asociaciones de abogados de Baja California expresaron su rechazo a un acuerdo emitido por el Poder Judicial del estado que exige acreditar una especialización profesional para intervenir en procedimientos jurisdiccionales relacionados con derechos de niñas, niños y adolescentes.
En conferencia de prensa, el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Daniel Avitia Beltrán, afirmó que la medida "transgrede el ejercicio libre de la profesión" al imponer requisitos que, dijo, no están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
De acuerdo con el gremio, el acuerdo obligaría a los litigantes a acreditar estudios de posgrado —como maestría o doctorado— para poder participar en asuntos de materia familiar, lo que consideran una disposición excesiva que rebasa las facultades del Poder Judicial estatal.
Avitia Beltrán explicó que previamente se habían sostenido reuniones con autoridades judiciales en las que se expusieron los posibles efectos negativos de la medida, al considerar que la obtención de un grado académico adicional no garantiza una verdadera especialización práctica en litigio familiar.
Por su parte, Reyna Ramírez Oropeza, presidenta del Instituto de Defensa Estratégica en Derechos Humanos (INDEDH), señaló que durante la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nunca se contempló establecer una especialización obligatoria para ejercer en esta materia.
Los representantes del gremio coincidieron en que la capacitación continua es necesaria, pero consideraron inconstitucional imponerla como requisito obligatorio mediante un acuerdo administrativo.
Eva Covarrubias, delegada en Baja California de la Coordinadora Nacional de Abogados de México (Conamex), aseguró que en reuniones sostenidas con el magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Alejandro Fragozo López, los abogados manifestaron su disposición a capacitarse en el nuevo sistema de oralidad familiar.
Sin embargo, sostuvo que en dichos encuentros —incluidas reuniones realizadas en Tecate— ninguna de las organizaciones de abogados ni universidades participantes acordó exigir como requisito de procedibilidad contar con estudios de posgrado.
En la misma línea, Alexander Bazán Gómez Llanos, expresidente del Colegio de Abogados de Tijuana, afirmó que las autoridades judiciales no atendieron las preocupaciones planteadas por el gremio durante los diálogos previos.
"Sí hubo diálogo, pero no fue atendido, y desde el inicio se implementó lo que ya se tenía previsto", señaló.
El coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, Carlos Atilano, advirtió que la disposición podría provocar una ola de amparos al considerar que vulnera derechos fundamentales como la libertad de trabajo.
Asimismo, Hassan Martín Franco Ruiz, expresidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del estado (Fedabo), recordó que durante la transición al sistema penal acusatorio se registraron problemas similares cuando se exigieron certificaciones, lo que provocó escasez de litigantes.
El gremio anunció que promoverá un amparo colectivo para buscar la revocación del acuerdo y no descartó movilizaciones si no obtienen una respuesta favorable.
"Buscamos defender los derechos del gremio y evitar afectaciones a la ciudadanía, especialmente en asuntos tan sensibles como los relacionados con niñas, niños y adolescentes", concluyeron los representantes de las organizaciones jurídicas.