Alertan abogadas por despidos masivos en el Poder Judicial que pondrían en riesgo el acceso a la justicia

Tijuana, 9 de Febrero. - La Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco A.C. expresó este lunes su preocupación por el inicio del despido de aproximadamente 2,300 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), una medida que, de acuerdo con información pública, podría formar parte de un proceso más amplio que alcanzaría hasta 23,000 plazas en distintas etapas, equivalente a cerca del 10% de la plantilla nacional.

Estefanía Campos García, presidenta de la organización, advirtió que la reducción ocurre en medio de una profunda transformación estructural derivada de la reciente reforma judicial, cuyos efectos aún se encuentran en fase de consolidación.

"La disminución de personal técnico, administrativo y jurisdiccional impactará directamente en los tiempos de resolución de asuntos, el seguimiento de juicios en trámite, la carga laboral de juezas y jueces, así como en la eficiencia operativa de los órganos jurisdiccionales", señaló.

Campos García subrayó que la impartición de justicia depende no solo de quienes emiten sentencias, sino también de equipos técnicos especializados —como proyectistas, actuarios, secretarías y personal de apoyo— cuya experiencia representa la memoria institucional del sistema.

"La reducción acelerada de esta estructura compromete la continuidad operativa y puede traducirse en mayor rezago judicial, dilación de procedimientos y afectación directa al derecho humano de acceso a una justicia pronta y expedita, reconocido en el artículo 17 constitucional", afirmó.

La Barra indicó que estos despidos se suman a un escenario ya complejo tras la reforma judicial, que modificó de manera sustancial el sistema de designación de personas juzgadoras y la estructura del Poder Judicial, por lo que consideró que la transición institucional requiere estabilidad, planeación y fortalecimiento técnico, y no un debilitamiento estructural.

Ante este panorama, la organización hizo un llamado a las autoridades federales para transparentar el alcance real de los recortes, garantizar el respeto a los derechos laborales del personal afectado y evaluar el impacto presupuestal y operativo antes de aplicar nuevas reducciones.

"La estabilidad del Poder Judicial no es un asunto interno; es una garantía para toda la ciudadanía", concluyó Campos García.