Colectivos denuncian estancamiento en justicia para madres víctimas de violencia vicaria

Tijuana, 24 de Noviembre. - Tres años después de iniciar un acompañamiento integral a madres víctimas de violencia vicaria, colectivos feministas presentaron este lunes un análisis que documenta los obstáculos persistentes en el acceso a la justicia en Baja California, denunciando falta de avances institucionales y rezagos que continúan afectando a mujeres y menores.

El informe fue dado a conocer por el colectivo CESODI, la Red de Mujeres Unidas por Baja California A.C. y el Colectivo Yeuani A.C., en un esfuerzo conjunto por visibilizar la problemática y exigir respuestas más eficaces por parte de autoridades estatales.

Estefanía Plascencia, representante de CESODI, afirmó que "no se ha notado ningún avance en tres años" y que el análisis busca evidenciar lo que las madres han documentado en su lucha por justicia. "Hay una falta de voluntad de las instituciones responsables de ayudar a las madres; falta la voluntad de hacer las cosas", señaló.

Elsa Alejandra Jiménez Larios, coordinadora de la investigación, destacó que uno de los pocos logros se dio en el ámbito legislativo, con reformas recientes a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal. Sin embargo, aseguró que persisten fallas graves en la aplicación de la normativa.

Jiménez explicó que una de las formas en que se expresa la violencia vicaria en el estado es cuando las instituciones no registran estos hechos como tal, pese a estar contemplados en la fracción G del artículo 6 de la ley. "Las autoridades en muchos casos niegan las denuncias por violencia vicaria y las clasifican en otros delitos, lo que genera retrasos que afectan directamente a las niñas y niños", dijo.

Según el análisis, 60% de los casos en Baja California son inter-estatales, lo que implica coordinación entre entidades para la localización y restitución de menores retenidos. Además, en 40% de los casos los agresores trasladan a los menores a otro país, situación que se agrava en Tijuana por su condición fronteriza. Esta dinámica, advirtieron, complejiza las investigaciones y retrasa la recuperación de los menores, que en promedio tarda entre año y medio y dos años.

Los colectivos alertaron que las secuelas para los menores son profundas, tanto psicológicas como psiquiátricas. Muchos de ellos, dijeron, padecen condiciones como autismo, TDAH o Asperger, lo que los hace especialmente vulnerables a la manipulación en contextos de violencia vicaria.

Si bien CESODI ha logrado apoyar la recuperación de algunos menores, señalaron que la revinculación familiar enfrenta graves fallas debido a "la ausencia total de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia".

También denunciaron que el sistema de información previsto en el artículo 7 de la Ley de Acceso no se ha implementado adecuadamente, ya que los casos siguen siendo clasificados como violencia familiar. Esto, explicaron, les impide conocer cuántos expedientes por violencia vicaria existen realmente en la Fiscalía.

Los colectivos llamaron a las autoridades a establecer protocolos efectivos para atender denuncias y procesos judiciales relacionados con violencia vicaria, y urgieron a las instituciones a asumir un "mayor compromiso" frente a esta problemática que sigue dejando a madres y menores en la indefensión.