Fiscalía libera instalaciones de la Funeraria Latinoamericana tras cateo por ocho cuerpos
Tijuana, Baja California. - La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que procedió a liberar las instalaciones de la Funeraria Latinoamericana, aseguradas desde la noche del 10 de septiembre, luego de que las inspecciones correspondientes determinaran que no existe fundamento legal para prolongar la medida preventiva.
El cateo original se ejecutó tras recibir denuncias de irregularidades. En aquella acción fueron sustraídos varios cuerpos, entre ellos un bebé de nueve meses, cuyas condiciones generaron sospechas de violencia y omisión de protocolos forenses. Durante el aseguramiento, la FGE aseguró los refrigeradores y el resguardo del inmueble, con el fin de preservar evidencia.
Según el fiscal local de Tijuana, Maximiliano Ramos, la decisión de liberar el inmueble se tomó luego de que las autoridades sanitarias —incluyendo Cofepris— validaran permisos, y de revisar la carpeta de investigación, la cual no presentó elementos suficientes para mantener el aseguramiento sin vulnerar garantías legales.
"Ya se liberó el aseguramiento por parte de la Fiscalía; se hicieron las inspecciones necesarias. Continuamos las investigaciones en el tema de quienes liberaron los cuerpos en su momento", declaró el fiscal Ramos.
Durante el operativo, se detectó que el bebé presentaba huellas de violencia y síndrome de menor maltratado, mientras que los cuerpos de otros adultos no fueron remitidos al Ministerio Público en todos los casos, lo que constituyó parte de los señalamientos contra la funeraria. Aunque algunas investigaciones apuntaron hacia personal del hospital que atendió al menor, hasta ahora no se ha confirmado vinculación directa.
Con la liberación del inmueble, las operaciones funerarias podrían reanudarse, aunque bajo supervisión de las autoridades pertinentes. No obstante, la FGE dejó en claro que la investigación contra los eventuales responsables continúa abierta.
Este episodio ha puesto de relieve el tema del manejo de cadáveres, el cumplimiento de normativas forenses y la necesidad de control estricto sobre servicios funerarios, con el fin de evitar que instituciones sin escrúpulos operen al margen del sistema legal.