Informe sobre las condiciones de estancia en el campamento de refugiados del Chaparral
Al llegar al gobierno de Estados Unidos, el presidente Joseph Biden anunció un cambio de rumbo en materia migratoria que comprendía la restauración del derecho al asilo y la reforma integral del sistema de inmigración. En la frontera con México, el presidente anunció el final del programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) –conocido como “Quédate en México”– y la readmisión de los solicitantes de asilo que esperaban en este país bajo ese programa y que tenían todavía casos abiertos en las cortes de inmigración estadounidenses. Esto significaba la entrada gradual (a través de grupos de 25 a 80 personas diarias en cinco puertos de entrada terrestre) de cerca de 25,000 solicitantes de asilo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha sido encargado del registro en una página web y de la logística para garantizar la readmisión de estas personas.
Estos anuncios no cambian de manera fundamental la situación que viven en este momento decenas de miles de solicitantes de asilo bloqueados desde hace más de un año en la frontera norte de México: la enorme mayoría de las personas o bien interrumpieron sus casos de asilo por falta de recursos económicos y de apoyo legal, o bien no lograron entrar a Estados Unidos ya que se encontraban en espera de solicitar asilo cuando se declaró la contingencia sanitaria y el cierre de las fronteras terrestres a cruces no esenciales. Las solicitudes de asilo, en los hechos, no se consideraron como esenciales.
Al momento del cierre de la frontera, el 21 de marzo 2020, existían en los puertos terrestres unos cuadernos con listas de miles de personas mexicanas y del mundo entero que se encontraban en espera de entrar a Estados Unidos para pedir asilo. Durante el año que hemos vivido de contingencia y cierre de la frontera, otras miles de personas –en su mayoría mexicanas y centroamericanas, pero también cubanas, haitianas, venezolanas y de otros países del mundo– han seguido huyendo de situaciones de violencia en sus lugares de origen con la intención de pedir protección internacional en Estados Unidos.
El anuncio del final del programa “Quédate en México” llevó al desmantelamiento de un campamento de refugiados que se había formado en Matamoros, Tamaulipas, y que llegó a tener más de 2,000 personas, en condiciones precarias, insalubres, peligrosas y sin servicios básicos. El final de ese campamento, anunciado por medios nacionales e internacionales, parecía augurar un proceso de humanización de la movilidad humana forzada en la región fronteriza. Sin embargo, al mismo tiempo emergió y ha ido creciendo rápidamente un campamento similar en el otro extremo de la frontera, en Tijuana, Baja California. Ahí, más de 300 familias se han instalado desde mediados de febrero 2021, con pequeñas carpas y tiendas donadas por organizaciones de la sociedad civil. Se trata de familias originarias principalmente de Honduras, y en menor medida de otros países centroamericanos, de México, Haití y Cuba. Si bien algunas llegaron a Tijuana recientemente, la mayoría llevaban meses en México y se encontraron varadas en la frontera norte de este país a raíz de la contingencia sanitaria.
Las condiciones de vida en el campamento son extremadamente precarias, si tenemos en cuenta que más de mil personas viven sin servicios sanitarios bajo pequeñas lonas colocadas sobre la plaza, la banqueta o la calle misma, que no alcanzan a proteger de un clima que ha sido particularmente frío y lluvioso durante este mes. La mayoría de las personas son mujeres, niñas y niños en condiciones de alta
vulnerabilidad, con una vestimenta inadecuada para ese clima e incluso varias de ellas descalzas. Muchos no disponen de colchonetas ni de suficientes cobijas o lonas con las cuales resguardarse de las inclemencias climáticas.
El hacinamiento en las tiendas y en los estrechos espacios públicos provoca que en ningún momento se respete la sana distancia que debería mantenerse en esta situación de pandemia. El acceso a un baño o agua se da a partir de los comercios de alrededor, algunos de los cuales cobran desproporcionadamente estos servicios, por lo que resulta imposible el lavado de manos para prevenir la transmisión de los contagios. También es patente la falta de gel antibacterial, de cubrebocas y de otros artículos de higiene. Por el contrario, la falta de servicios y la precariedad de condiciones en que se habita en dicho espacio han provocado algunos brotes gastroenterológicos y respiratorios.
Con excepción de un módulo de la Secretaría de Salud de Baja California, de rondines nocturnos por parte de la policía municipal y de las visitas regulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las instituciones públicas están ausentes del campamento. Tampoco se nota presencia de organismos internacionales, de no ser por un gran cartel del ACNUR, cerca de la entrada del Instituto Nacional de Migración pero alejado de la mayoría de las carpas, donde se anuncia la plataforma donde se pueden registrar quienes tienen casos abiertos de asilo bajo el programa MPP. Sólo algunas iglesias y organizaciones de la sociedad civil han mostrado interés para que las condiciones en este espacio sean más dignas y acuden con donativos.
Ante la ausencia de organismos internacionales e instituciones estatales de atención se están generando proceso de autoorganización al interior del campamento para atender problemáticas y servicios que no están siendo atendidos. La impartición de clases a niñas y niños, una cocina comunitaria y la autogestión de la seguridad son algunos de estos esfuerzos.
La falta de acceso a información veraz y oportuna es uno de los problemas más graves en esta situación de incertidumbre. La información mediática que circula en noticieros y redes sociales sobre el campamento o sobre los procesos de asilo es una preocupación patente al interior del mismo. Se han detectado usos facciosos de información levantada en el campamento para generar contenido
antiinmigrante o conspirativo que puede ser usado políticamente. Por otro lado, la circulación masiva de imágenes y videos con rostros visibles de niñas, niños o personas que están huyendo de la violencia acrecienta la vulnerabilidad de las y los solicitantes de protección internacional. Por último, ante el vacío institucional, se nota la divulgación de rumores y de informaciones falsas sobre el asilo o sobre la migración de familias con niñas, niños y adolescentes a Estados Unidos.
De acuerdo con las medidas cautelares solicitadas por la CNDH el 20 de marzo de 2021, es responsabilidad del gobierno del Estado de Baja California y del Municipio de Tijuana llevar a cabo acciones inmediatas para evitar “poner en riesgo la integridad física y la vida de las personas migrantes” que se encuentran en el campamento del Chaparral. En tal sentido, resulta urgente la instalación, por parte de las autoridades municipales, de servicios sanitarios, así como la distribución de kits de higiene personal y de tapabocas.
Finalmente, cualquier desalojo o traslado forzado de la población podría redundar en accidentes graves, teniendo en cuenta la gran cantidad de niñas y niños pequeños que viven en el campamento. Por ello, es urgente que las autoridades mexicanas y estadounidenses emitan propuestas claras de solución para la protección humanitaria de la población que se encuentra desde hace meses bloqueada en la frontera norte de México. En el caso del campamento, las posibilidades de traslado de las personas migrantes a instalaciones dignas sólo podrá llevarse a cabo después de una campaña de información, la cual podría
realizarse con el apoyo o la intermediación de organizaciones de la sociedad civil o de organizaciones internacionales tales como el ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).