Madre francesa acusa abuso judicial tras perder custodia de sus hijos

Tijuana, 7 de Febrero. - Una mujer de origen francés que vive en Tijuana acusó a autoridades judiciales mexicanas de abuso de poder y fallas en la protección de sus derechos, tras la decisión de un juzgado familiar de otorgar en menos de 24 horas la custodia provisional de sus tres hijos al padre, a pesar de que ella había presentado denuncias por violencia vicaria, familiar, psicológica y económica.

La madre, identificada como Cecili Colin, dijo a medios locales que el Juzgado Primero de lo Familiar favoreció a su ex pareja mexicano y padre de los menores —de 3, 6 y 8 años de edad— en un proceso de divorcio en curso, aún cuando ella había denunciado formalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) actos de violencia que habrían incluido el uso de los hijos para causarle daño emocional y legal.

Según la defensa de Colin y del colectivo CESODI (Colectiva de los Derechos Humanos de las Mujeres y Menores), la jueza Karen Daniel otorgó la custodia provisional al padre César Alberto García García tras una solicitud del mismo, quien argumentó que existía un riesgo de que la madre se llevara a los niños al extranjero debido a su nacionalidad francesa, sin aportar pruebas contundentes para sustentar esa versión.

La decisión judicial también implicó que la mujer tuviera que abandonar el domicilio que compartía con la expareja, en un inmueble rentado a su nombre, antes de que se discutieran de fondo las denuncias que ella había interpuesto por distintos tipos de violencia durante su relación.

Colin dijo sentirse desprotegida y vulnerable, pues no cuenta con una red de apoyo familiar en México, y acusó a las autoridades de dar más peso a acusaciones no demostradas que a su testimonio y a sus denuncias formales. "Los niños no tienen la culpa. Que pare esta violencia", declaró la madre en un mensaje público dirigido al padre de sus hijos.

Organizaciones civiles que acompañan el caso han señalado que decisiones judiciales como esta reflejan una problemática más amplia: la dificultad que enfrentan muchas madres para que se reconozca la violencia vicaria —el uso de los hijos como herramienta de control o castigo por parte de un progenitor— dentro del sistema de justicia familiar, y la falta de criterios claros para proteger tanto a las víctimas adultas como a los menores involucrados.