Max García critica revocación de mandato y acusa uso político de la reforma electoral
Tijuana, 26 de Marzo. - Senadores del PAN expresaron este jueves su rechazo al plan B de la reforma electoral, en particular al mecanismo de revocación de mandato, al considerar que favorece la promoción de la figura presidencial y debilita al Instituto Nacional Electoral (INE).
El senador por Baja California, Max García, criticó en la tribuna del Senado la propuesta y cuestionó el trabajo técnico de los asesores de la presidenta, al afirmar que la iniciativa carece de fundamentos legislativos básicos.
"Hoy este Senado se convierte en una sastrería legislativa, confeccionando un traje a la medida para Morena y para la presidenta, un artículo 35 que le da facultades para hacer y deshacer en su proselitismo electoral en una llamada revocación de mandato", afirmó García.
El legislador señaló que ningún ciudadano solicitó la revocación de mandato y enfatizó que las prioridades reales de la población son seguridad, salud, educación y empleo. Recordó además que el precedente de este mecanismo, ejercido durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, tuvo una participación ciudadana de apenas 17 % y un costo de mil 500 millones de pesos, dinero que, dijo, podría haberse destinado a programas sociales, hospitales o escuelas.
García advirtió que la iniciativa evidencia la intención de realizar una promoción máxima de la figura presidencial fuera de los procesos electorales ordinarios y criticó los intentos de sobrecargar al INE con nuevas responsabilidades.
"Necesitamos establecer una agenda real y con sustancia. Dejemos que la presidenta gobierne y atienda los problemas que exigen los ciudadanos, como la generación de empleos y la recuperación económica", agregó el senador, quien mencionó la situación de negocios cerrados y desempleo creciente en Baja California.
Finalmente, reiteró que el PAN ha presentado propuestas de reforma electoral enfocadas en garantizar procesos libres de corrupción, sin influencia de políticos vinculados al crimen organizado ni financiamiento ilícito.