SAT podrá embargar bienes desde la primera instancia si no se garantiza el crédito fiscal
Tijuana, 6 de Noviembre. - El abogado fiscalista Jorge Alberto Pickett Corona advirtió que la reciente reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación (CFF) otorga mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para embargar bienes, cuentas bancarias o intervenir empresas en caso de que los contribuyentes no garanticen el crédito fiscal desde la primera instancia de defensa.
El especialista explicó que esta modificación obliga tanto a personas físicas como morales a garantizar el interés fiscal al presentar un recurso de revocación o iniciar un juicio contra una resolución del SAT. De no hacerlo, la autoridad puede ejecutar embargos o medidas precautorias sobre los bienes del contribuyente.
"Ahora, para suspender cualquier embargo, el contribuyente deberá garantizar desde la primera instancia, lo que podría afectar a quienes no cuenten con liquidez inmediata", señaló Pickett Corona, al destacar que la medida incrementa la presión financiera sobre empresas con litigios fiscales abiertos.
Entre las formas de garantizar el crédito fiscal se incluyen el depósito en dinero, la carta de crédito, la prenda, la hipoteca, la fianza, la obligación solidaria, el embargo y los títulos valor o cartera de créditos. Sin embargo, la reforma establece un orden obligatorio que prioriza el depósito en efectivo en instituciones autorizadas, como el Banco del Bienestar o el Banco del Ejército.
El abogado advirtió que esta modificación puede generar afectaciones directas a las empresas, ya que deberán inmovilizar recursos o bienes para mantener la suspensión de actos de cobro mientras se resuelve el litigio.
"El propósito del cambio es asegurar que el Estado recupere los créditos fiscales en disputa, pero implica mayores riesgos económicos para los contribuyentes que decidan impugnar resoluciones de la autoridad", puntualizó Pickett Corona.
La reforma, aprobada recientemente por el Congreso, forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para fortalecer la recaudación y evitar la evasión fiscal, aunque ha generado preocupación en el sector empresarial de Baja California.