Corte de EE.UU. ordena entregar pruebas contra exmando de Rocha
Washington D.C., EE.UU. - Una corte federal de Brooklyn, Nueva York, ordenó a la fiscalía de Estados Unidos entregar al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, toda la información y pruebas relacionadas con el proceso judicial que enfrenta por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La resolución fue emitida por la jueza Sarah Netburn, quien instruyó a los fiscales estadounidenses proporcionar cualquier documento que pueda ser utilizado tanto para la defensa del exfuncionario como para sustentar una posible condena en su contra.
Mérida Sánchez formó parte del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa y actualmente es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos investigados en Estados Unidos por presunta colaboración con grupos del narcotráfico, particularmente con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con documentos judiciales citados por Excélsior, el exsecretario de Seguridad se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo al cruzar por Arizona y posteriormente fue presentado ante una corte en Nueva York. Durante la audiencia inicial no se declaró culpable ni inocente, por lo que su situación jurídica permanece abierta mientras avanzan las negociaciones y diligencias procesales.
Las investigaciones estadounidenses señalan que Mérida Sánchez habría recibido pagos mensuales de hasta 100 mil dólares a cambio de brindar protección e información operativa a integrantes del crimen organizado entre 2023 y 2024.
El documento emitido en cuestión expresa lo siguiente según Excelsior:
Capos no enfrentarán narcoterrorismo; acusación será exclusiva contra funcionarios
SAN DIEGO.— El gobierno de Estados Unidos investigará bajo cargos por terrorismo a funcionarios mexicanos vinculados con el narcotráfico, mientras que ninguno de los 92 capos que México ha entregado a la administración Donald Trump en 14 meses enfrenta ese agravante.
Y es que Estados Unidos se prepara para acusar por primera vez en la historia de terrorismo a acusados mexicanos y la acusación será exclusivamente contra funcionarios, pero no contra los narcotraficantes. Fuera de ellos, sólo Nicolás Maduro enfrenta ese tipo de acusación.
El Departamento de Justicia estableció esta semana como prioridad de las 93 fiscalías federales formular cargos por terrorismo a funcionarios mexicanos ligados con el narcotráfico.
Ese tipo de cargos no lo enfrentan hasta ahora exlíderes del narcotráfico como Rafael Caro Quintero, Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40 y el Z42, fundadores de los Zetas; Vicente Carrillo Fuentes o Antonio Oseguera Cervantes.
En cambio, los enfrentan desde ahora Rubén Rocha Moya, Gerardo Mérida Sánchez, aunque se haya entregado, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Pero ahora el Departamento de Justicia exige que los cargos sean contra cualquier funcionario acusado de vínculos con el narco.
El sistema de justicia de EU no establece una pena específica para los cargos por terrorismo, pero son un agravante que magnifica cualquier otra acusación.
Por ejemplo, un acusado con un solo cargo de conspiración para tráfico de un solo tipo de droga, podría enfrentar una condena mínima impositiva de 10 años y posiblemente 20 años de prisión; con el agravante de terrorismo y conspiración, sería común que enfrente sentencia de cadena perpetua y mínimas obligatorias de unos 25 años de prisión.
Uno de los cargos que podrían ser comunes desde ahora para funcionarios acusados son los de apoyo a organizaciones terroristas.
En paralelo, el gobierno mexicano ha insistido en solicitar pruebas formales a Washington antes de proceder judicialmente contra los funcionarios mencionados en las acusaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó días atrás que Estados Unidos aún no había entregado toda la documentación requerida por México para sustentar las imputaciones.