EU pide rechazar apelación de García Luna y mantener su condena por narcotráfico

Fiscales federales aseguran que los argumentos presentados no son suficientes para anular el veredicto emitido por el jurado.

Tijuana, 21 de Marzo. - El gobierno de Estados Unidos solicitó a una corte federal de apelaciones rechazar el recurso presentado por el exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, al defender la validez del juicio y la sentencia que lo condenó por delitos relacionados con narcotráfico.

En un documento presentado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, fiscales federales argumentaron que la apelación de la defensa carece de fundamentos suficientes para anular el veredicto emitido por el jurado.

García Luna, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente mexicano Felipe Calderón, fue declarado culpable en 2023 de conspirar para traficar cocaína y de colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras ocupaba altos cargos en el gobierno mexicano.

Posteriormente, un tribunal federal en Nueva York lo sentenció a más de tres décadas de prisión tras considerar probadas las acusaciones de que facilitó el traslado de grandes cargamentos de droga hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios.

La defensa del exfuncionario mexicano presentó una apelación en la que sostiene que durante el juicio existieron irregularidades procesales, incluyendo el uso de testimonios de testigos colaboradores —varios de ellos exintegrantes de organizaciones criminales— que, según los abogados, no habrían sido debidamente corroborados.

Sin embargo, los fiscales estadounidenses afirmaron que el proceso se desarrolló conforme a la ley y que el jurado evaluó adecuadamente las pruebas y testimonios presentados durante el juicio.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, los argumentos de la defensa no justifican la anulación de la sentencia ni la realización de un nuevo juicio.

El tribunal de apelaciones deberá ahora analizar los alegatos de ambas partes antes de emitir una resolución que determine si confirma la condena, ordena revisar el proceso o modifica la sentencia impuesta al exfuncionario mexicano.