Fiscalía de EE.UU. vincula a Nicolás Maduro con cargo de perjurio

Nueva York, EE.UU. - La Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del proceso penal federal contra Nicolás Maduro Moros, exmandatario y figura central del régimen venezolano, ordenó aclarar oficialmente su lugar de nacimiento luego de que documentos presentados por la Fiscalía de Estados Unidos plantearan que el presidente pudo haber nacido en Ocaña, departamento colombiano de Norte de Santander, lo que abrió la puerta a un posible cargo de perjurio contra él.

La acusación de la fiscalía, que forma parte de la causa penal por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos federales, include evidencias documentales que, según los fiscales, ubican a Maduro en Colombia al momento de su nacimiento, un hecho que contradice la versión oficial mantenida por su defensa, que sostiene que es natural de Caracas, Venezuela, y que cuenta con cédula de identidad venezolana sin presentar, hasta ahora, una partida de nacimiento original ante la corte.

El cargo de perjurio se plantearía con base en el argumento de que, bajo la ley federal estadounidense, mentir deliberadamente bajo juramento o en declaraciones oficiales acerca de datos biográficos fundamentales —como el lugar de nacimiento o la identidad— puede constituir un delito grave, con consecuencias penales adicionales que se sumarían a los cargos ya enfrentados por delitos relacionados con narcotráfico.

Este giro en el proceso judicial ha aumentado la atención sobre la estrategia de defensa del exmandatario y sobre el impacto legal que podría tener la demostración de una doble nacionalidad o ciudadanía adquirida por "ius sanguinis" (por descendencia), tal como sostienen los fiscales estadounidenses, pues ello podría eliminar inmunidades diplomáticas y afectar la credibilidad de su testimonio ante la corte.

La controversia surge en medio de una etapa crítica del juicio, en el que Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan múltiples cargos penales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluidos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armamento destructivo, imputaciones que los fiscales sostienen se remontan a décadas de presunta colaboración con grupos armados y redes de narcotráfico.

Las partes tienen ahora el encargo de presentar ante el tribunal pruebas adicionales que acrediten o refuten el lugar de nacimiento y otros aspectos de la identidad del acusado antes de la próxima audiencia fijada para marzo de 2026, en un proceso que promete definiciones clave tanto en lo jurídico como en lo político a nivel internacional.