Hallan sin vida a 13 mineros secuestrados en Perú

Los cuerpos fueron encontrados maniatados, vendados y con signos de ejecución en un socavón de la zona

La Libertad, Perú. - Este pasado 4 de mayo, autoridades peruanas confirmaron el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores mineros que habían sido secuestrados el 26 de abril en la provincia de Pataz, región La Libertad. Las víctimas, contratadas por la empresa R&R, prestaban servicios a la minera Poderosa.

Los cuerpos fueron encontrados maniatados, vendados y con signos de ejecución en un socavón de la zona, de manera preliminar se cree que los responsables de esta ejecución serían sicarios vinculados a mafias de minería ilegal que operan en la región. A pesar de que Pataz se encuentra bajo estado de emergencia desde febrero de 2024, las autoridades tardaron en actuar ante las denuncias de desaparición, lo que ha generado críticas por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos.

La minera Poderosa ha denunciado que desde 2020, bandas criminales han ocupado ilegalmente sus concesiones, resultando en al menos 39 asesinatos de trabajadores y múltiples ataques a sus instalaciones. La empresa ha instado al gobierno peruano a replantear su estrategia contra la criminalidad, solicitando acciones directas contra las bocaminas ilegales donde operan estos grupos armados.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha sido cuestionado por negar inicialmente la existencia del secuestro. Familiares de las víctimas exigen su renuncia y una respuesta clara por parte del gobierno y la empresa contratista.

Este trágico evento pone de manifiesto la creciente influencia del crimen organizado en la región y la debilidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha criticado la respuesta estatal, enfatizando la necesidad de presencia efectiva y voluntad política para enfrentar la violencia en las zonas mineras.

La situación en Pataz refleja un problema más amplio en Perú, donde la minería ilegal ha crecido significativamente, generando ingresos que superan incluso al narcotráfico. La falta de control y la permisividad han permitido que estas mafias operen con impunidad, poniendo en riesgo la vida de miles de trabajadores y la estabilidad de las comunidades locales.