Rubén Rocha y otros nueve funcionarios mexicanos son acusados en EU por narcotráfico y delitos con armas
Tijuana, 29 de Abril. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por su presunta participación en tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, en un caso presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
La acusación, asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla, incluye también a Enrique Inzunza Cázares, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo", Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias "Tornado", Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito".
Según el documento judicial, los diez acusados habrían "conspirado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos", incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que el cártel "no solo trafica drogas letales, sino que es una organización designada como terrorista que utiliza la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y obtener beneficios". Añadió que la acusación expone "un esfuerzo deliberado por socavar instituciones públicas y poner en peligro la vida de los estadounidenses".
Cole subrayó que "nadie está por encima de la ley" y agradeció la cooperación entre autoridades estadounidenses y mexicanas para combatir estas redes.
Por su parte, el fiscal Jay Clayton sostuvo que los cárteles no podrían operar "tan libre y exitosamente sin políticos y autoridades corruptas", y advirtió que las acusaciones buscan enviar "un mensaje claro" a funcionarios que colaboren con organizaciones criminales.
De acuerdo con la fiscalía, los acusados desempeñaron funciones clave para el cártel, como proteger a sus líderes de investigaciones, detenciones y procesos judiciales, así como proporcionar información sensible de fuerzas del orden y del ejército para facilitar actividades ilícitas.
El documento también señala que habrían ordenado a corporaciones policiales —incluidas la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la fiscalía estatal y la Policía Municipal de Culiacán— proteger cargamentos de droga y permitir actos de violencia sin consecuencias. A cambio, los implicados habrían recibido millones de dólares provenientes del narcotráfico.
La acusación vincula a los señalados con la facción de "Los Chapitos", a quienes atribuye control operativo dentro del cártel. En el caso de Rocha Moya, la fiscalía sostiene que llegó al cargo con apoyo de este grupo, que presuntamente recurrió al secuestro e intimidación de rivales políticos.
Asimismo, afirma que el gobernador habría prometido proteger a "Los Chapitos" mientras estos distribuían drogas hacia Estados Unidos, permitiéndoles operar con impunidad en Sinaloa.
Respecto a otros implicados, el documento detalla pagos mensuales por sobornos. Por ejemplo, señala que Castro Zaavedra, subprocurador estatal, habría recibido alrededor de 11 mil dólares mensuales a cambio de proteger a miembros del cártel y alertarlos sobre operativos. En tanto, Valenzuela Millán, comandante policial en Culiacán, presuntamente recibía unos mil 600 dólares mensuales y habría facilitado el control territorial del grupo mediante detenciones, secuestros y asesinatos.
La acusación también menciona que, en octubre de 2023, Millán habría colaborado en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y un familiar, quienes posteriormente fueron torturados y asesinados por el cártel bajo sospecha de colaborar con las autoridades.