A 19 años de la despenalización del aborto en la CDMX: lo logrado, lo pendiente y lo urgente
Ciudad de México, abril de 2026.- Este 24 de abril se cumplen 19 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, un momento histórico que abrió la conversación sobre los derechos sexuales y reproductivos en México.
A partir de 2007, el aborto ha comenzado a abordarse legalmente como lo que es: un tema de salud y de derechos. Este cambio marcó un punto de inflexión: permitió reconocer que las mujeres y personas con capacidad de gestar deben contar con condiciones reales para decidir en libertad, con acceso a servicios seguros, información clara y acompañamiento médico. Fue, sobre todo, un paso fundamental en el camino para entender el aborto como parte del derecho a la salud, aunque ese reconocimiento aún no se garantice plenamente en todo el país.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, desde 2007 se han realizado más de 292 mil procedimientos gratuitos, sin que se haya registrado una sola muerte materna asociada. Este dato muestra que el aborto puede ser atendido desde los servicios de salud, sin embargo, estas condiciones no están garantizadas de la misma manera en todos los contextos.
Del avance legal al acceso desigual
Actualmente, 24 entidades han despenalizado el aborto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional su criminalización. Sin embargo, estos avances no se viven igual en la vida cotidiana: persisten barreras que limitan la posibilidad real de acceder a este derecho, y hacen que su ejercicio siga siendo profundamente desigual.
En la práctica, no todas las personas pueden ejercerlo en las mismas condiciones. Depende de dónde vives, y de lo que permite o limita la ley en cada estado, pero también de otras condiciones como: si puedes pagar un traslado o tomarte un día sin perder ingresos; si tienes cerca un servicio de salud o tendrías que recorrer horas para llegar; si vives en una ciudad o en una comunidad rural.
A esto se suman otras barreras que siguen operando todos los días: la falta de personal no objetor, la información confusa o incompleta, los tiempos de espera, los trámites, el estigma y, muchas veces, la ausencia de redes de apoyo para atravesar el proceso.
Sin embargo, en medio de estas circunstancias, la Ciudad de México se ha convertido en un refugio de salud para miles de personas que aún hoy tienen que desplazarse para acceder a un servicio que debería estar garantizado en todo el país. Además, la capital del país concentra alrededor del 68% de los servicios de aborto en todo México, lo que ayuda a explicar por qué, en el último año, 4 de cada 10 personas que accedieron a estos servicios provenían de otros estados.
A esto se suma el estigma que convierte una decisión de salud en algo que se esconde y que sigue generando miedo, aislamiento y silencio. El problema, entonces, no es sólo legal: también es social.
"La experiencia de la Ciudad de México muestra lo que sucede cuando el aborto se aborda desde los servicios de salud. Pero también deja claro que no basta con que sea legal: sin servicios cercanos, personal capacitado y condiciones adecuadas de atención, el acceso sigue siendo desigual", señala Angie Contreras, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres.
Ahora bien, aunque el aborto esté despenalizado, sigue estando tipificado como delito en el Código Penal y, por lo tanto, el mensaje es ambiguo: una persona puede ser judicializada por ejercer su derecho a decidir.
Esta ambigüedad tiene efectos reales y documentados. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México se registraron 7 mil 511 carpetas de investigación por abortos entre enero de 2015 y agosto de 2025. A nivel nacional, se han documentado miles de carpetas de investigación por la misma razón en los últimos años, incluso en entidades donde ya existen avances legales.
Las consecuencias de esa desigualdad son concretas: en México, cada año miles de niñas de entre 10 y 14 años son obligadas a ser madres, como resultado de violencia sexual. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), esta situación se define como fecundidad forzada: una grave violación a los derechos humanos y un problema de salud pública que tiene efectos profundos en la vida de las niñas, desde la interrupción de su desarrollo hasta el abandono escolar.
Tan sólo en 2024 se registraron 7,975 nacimientos forzados en niñas de este grupo de edad, lo que equivale a que cada día, cerca de 22 niñas son forzadas a llevar a término un embarazo no deseado. Además, casi 1 de cada 5 nacimientos corresponde a adolescentes, lo que muestra cómo las desigualdades se profundizan justamente en quienes tienen menos margen de decisión y acceso a información, servicios de salud y acompañamiento.
En al menos ocho estados del país, incluyendo la Ciudad de México, se abren más carpetas por aborto que por feminicidio. Una cifra que revela que la prioridad no es la seguridad de las mujeres, sino perseguir sus decisiones. Incluso en la Ciudad de México se siguen abriendo carpetas de investigación por aborto: más de mil casos en menos de una década muestran que la despenalización parcial no elimina la criminalización, sino que la mantiene activa.
Lizeth Mejorada, portavoz de Mujeres Vivas, Mujeres Libres enfatiza: "El siguiente paso es claro y urgente: sacar el aborto del Código Penal. Es el único servicio de salud que está tipificado como delito y mientras continúe así, se mantiene la posibilidad de criminalizar. Un derecho no puede ser tipificado como delito".
Desde la iniciativa Mujeres Vivas, Mujeres Libres exigimos que este derecho deje de existir sólo en el papel y se traduzca en condiciones reales para decidir. Porque no basta con que el aborto sea legal si sigue enfrentando barreras, siendo desigual o sigue siendo atravesado por el miedo.