Empresario de Monterrey denuncia presunta corrupción de funcionarios judiciales en CDMX
El empresario transportista Gerardo Tamez Tamez originario de Monterrey, Nuevo León, presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México, contra el Juez Interino del Juzgado 32 Civil Roberto Landa Arenas y el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Eugenio Ramírez Ramírez, por presuntos actos de corrupción en juicios que involucran al empresario minero potosino José Cerrillo Chowell.
Tras ser admitidas las denuncias, los expedientes contra los dos funcionarios del poder judicial de la Ciudad de México acusados se encuentran actualmente en trámite ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de esta entidad.
Primera denuncia
En una primera denuncia del 23 de mayo de 2025 se acusa al Juez interino Roberto Landa Arenas y a su Secretario de Acuerdos Enrique Hernández Cruz de haber eliminado del expediente físico —que es al único que tienen acceso las partes involucradas en un juicio en la Ciudad de México—, el acuerdo emitido por el mismo juez Landa el 26 de febrero de 2025 y publicado un día después, el 27 de febrero, en el Boletín Judicial de la Ciudad de México, para sustituirlo por una resolución del mismo juzgador en sentido contrario, lo que podría configurar delito de carácter penal.
Dicho acuerdo "desaparecido" decretaba la caducidad de un juicio ejecutivo mercantil (1051/2019) entre Tamez y Cerrillo, y, al no haber sido impugnado por los abogados de Cerrillo, el caso no podría reabrirse. Sin embargo, que el juez Landa haya desaparecido su acuerdo original del 26 de febrero y sustituido por otro acuerdo también suyo en sentido contrario, con la misma fecha y que fue publicado en el Boletín Judicial de la CDMX el 4 de marzo, les ha permitido reabrir un proceso ya declarado caduco, dañando a Tamez.
Como evidencia, en la denuncia obran los registros electrónicos de dicho acuerdo, eliminados del expediente físico, pero existentes en el sistema electrónico interno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México llamado Sistema Integral de Gestión Judicial del PJCDMX a los que sólo tiene acceso la autoridad, así como el listado del acuerdo original en el Boletín Judicial del PJCDMX.
Esta alteración abrió la posibilidad de enlistar bienes de Gerardo Tamez Tamez y de su empresa Transportes Peñón Blanco para embargo y congelar sus cuentas bancarias por un presunto adeudo de 49 millones 59 mil 641.98 pesos ($49,059,641.98) con José Cerrillo Chowell.
El monto económico reclamado proviene de un convenio de pago firmado el 19 de junio de 2019 entre Gerardo Tamez y su entonces socio José Cerrillo Chowell, presidente de la empresa Fomento del Altiplano, S.A. de C.V.
El equipo jurídico de Gerardo Tamez, sostienen que, además de la caducidad del proceso judicial, la deuda ya había sido liquidada mediante la celebración de un convenio de dación en pago y extinción de obligaciones, suscrito el 15 de julio de 2019, por lo que no existía deuda alguna pendiente.
Segunda denuncia
La segunda denuncia, del 17 de junio de 2025, es contra el Magistrado Eugenio Ramírez Ramírez integrante de la Segunda Sala Penal del PJCDMX. Se le acusa de haber excedido sus atribuciones al negar admitirle a Tamez un recurso de apelación, y además negar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y con ello, también al resto de las fiscalías del país, la facultad para continuar las investigaciones contra el empresario José Cerrillo Chowell por un supuesto fraude que habría causado un daño por 828 millones 529 mil 547 pesos ($828,529,547) contra Gerardo Tamez.
De acuerdo con los denunciantes, el Magistrado Ramírez Ramírez debió limitarse a resolver sobre la admisión o no de la apelación del caso, que era la materia de la impugnación, pero al bloquear las investigaciones, el Magistrado habría incurrido en delito de prevaricación, es decir, había vulnerado el derecho de acceso a la justicia de Gerardo Tamez.
En su sentencia, el magistrado determinó que no existía materia penal contra Cerrillo Chowell y ordenó a la Fiscalía no continuar con la investigación del caso. Los abogados de Gerardo Tamez sostienen en la denuncia que esta decisión de Ramírez Ramírez excede sus facultades y está por encima de la ley, ya que entre sus atribuciones no se encuentra bloquear una investigación de la Fiscalía contra un acusado.
El magistrado también es acusado de confirmar resoluciones con argumentos ajenos a lo impugnado, de calificar el caso como "meramente contractual", de admitir apelaciones improcedentes y rechazar otras sobre hechos que sí proceden, y de incurrir en omisiones, falsedades y contradicciones.
Omar Amador Olivares, abogado penalista de Gerardo Tamez Tamez, aseguró: "Las consecuencias de los hechos denunciados contra los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, entre otras cosas, provocaron el bloqueo ilegal de investigaciones contra José Cerrillo Chowell al atar de manos a la Fiscalía de la Ciudad de México, lo que le otorgó ventajas indebidas evidenciando la colusión de funcionarios de dicho Tribunal y los denunciados".
Los abogados de Tamez Tamez promovieron además de la denuncia penal, un amparo contra la resolución del Magistrado Eugenio Ramírez Ramírez donde ordenó que no se podían realizar actos de investigación a Cerrillo Chowell por esta denuncia. El 14 de julio de 2025, el Juzgado 16 de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva dándole la razón a Tamez y permitiendo que la Fiscalía de la Ciudad de México siga investigando al empresario potosino.
Adicionalmente, denuncian a Ministerio Público por corrupción
A estos hechos se suma una nueva denuncia por corrupción presentada el 28 de septiembre y ampliada el 6 de octubre de este año por el equipo jurídico de Gerardo Tamez ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, para que se investiguen, por parte de la Fiscalía, las actuaciones irregulares del Ministerio Público Francisco Javier Díaz Monroy adscrito a la Fiscalía de ¨Procesos en Juzgados Civiles de la CDMX.
De acuerdo con los abogados de la defensa de Gerardo Tamez, el Ministerio Público Díaz Monroy, que integró la carpeta contra Gerardo Tamez, lo habría hecho de forma exprés, parcial e irregular al considerar como hecho delictuoso que Tamez señalara sus derechos litigiosos (dinero pendiente en litigio) en un expediente judicial para embargo que forma parte de un juicio civil. Esto no tiene base jurídica alguna, ya que señalar derechos en litigio para cubrir embargos sí está permitido, incluso existe una jurisprudencia que lo respalda (en concreto, aquella con registro digital 170378).
La autoridad ministerial ni siquiera se dio a la tarea de requerir las constancias judiciales de esos juicios para verificar su existencia, lo cual es un elemento básico indispensable antes de dictar cualquier medida o fallo, por ejemplo, citar a Tamez a una audiencia de vinculación ante un Juez Penal con la posibilidad de privarle de su libertad.
Resulta evidente que el propio Ministerio Público ha actuado de manera parcial en favor de José Cerrillo Chowell, representado por Víctor Olea Peláez, ya que, por otra parte, Tamez presentó una denuncia en contra de uno de los apoderados de Cerrillo Chowell por haber intentado cobrar una deuda de $20 millones de pesos que ya había sido debidamente saldada. Dicha denuncia también quedó a cargo del mismo agente Díaz Monroy; sin embargo, a diferencia del trámite otorgado a la denuncia promovida por Cerrillo Chowell, en este caso el propio agente ministerial ha obstaculizado e impedido su debido avance, evidenciando un trato desigual, tendencioso y parcial.
Además, llama la atención la rapidez con la que se programó la audiencia en contra de Tamez, ya que fue fijada dentro del mismo mes: primero para el 29 de septiembre y luego reprogramada para el 10 de octubre, cuando este tipo de diligencias normalmente tardan alrededor de dos meses en agendarse. Ante esta situación, el equipo legal de Tamez considera que se trata de una maniobra para ejercer presión y hostigamiento, utilizando de forma indebida los recursos del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Llamado a la justicia
Los abogados de Gerardo Tamez Tamez esperan que las denuncias presentadas ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, así como ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se realicen de forma expedita, pues la evidencia de los presuntos actos de corrupción cometidos por estos tres funcionarios del poder judicial y de la Fiscalía es clara y contundente.
"Hay evidencias bien documentadas ya en poder de la Fiscalía para que los expedientes sean presentados ante un juez y sigan su curso las denuncias", dijo Omar Amador Olivares, abogado penalista de Gerardo Tamez Tamez.