Eliminar Iniciativa Mérida sin otro plan, un contrasentido
Ciudad de México a 27 de agosto de 2021.- La intención del Gobierno Federal para
desaparecer la Iniciativa Mérida y al mismo tiempo establecer un plan basado en el
desarrollo, en colaboración con Estados Unidos, deriva en una bipolaridad; por un lado,
echa abajo la cooperación bilateral cuando el vecino del norte le ha inyectado 432
millones de dólares a dicha iniciativa durante la gestión de la 4T, y por el otro lado busca
conjuntamente una recuperación económica.
Sobre el aspecto económico, el Lic. Alejandro Desfassiaux, Presidente de Grupo
Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), ha dicho que para combatir al crimen
organizado es necesario atacar el origen del problema, concerniente al desarrollo del
país, pues mientras 75% de la población se encuentra en pobreza, se estima que el
narcotráfico y otros delitos dejan ganancias de más de 58 mil millones de dólares al año.
El Lic. Desfassiaux ha reiterado que devolverle la seguridad al país, depende de un plan
integral que ataque todos los frentes. Para combatir la delincuencia organizada, dijo, es
necesario impulsar el desarrollo económico, pero además es fundamental que la Unidad
de Inteligencia Financiera desarticule las finanzas de las células delictivas, pues en
México mucha gente es fácilmente reclutada por los criminales por el factor económico.
“Se deben combatir otras aristas que están relacionadas con todos aquellos problemas
que giran alrededor del narcotráfico y la delincuencia, como la falta de oportunidades
laborales, la ausencia de incentivos fiscales para las empresas, más en esta época de
crisis sanitaria, las dificultades del emprendimiento, la corrupción real y no sólo la que se
queda en los discursos políticos, la impunidad, el sistema de justicia, y sobre todo, el
rezago educativo, pues mucha gente se ha quedado incluso con la primaria trunca, debido
a que ha sido fácilmente reclutada por el crimen organizado”, externó.
No se puede eliminar un plan (como la Iniciativa Mérida) sin tener otro bien estructurado.
Por este motivo, consideró que la propuesta de seguridad del Gobierno Federal que
busca combatir el alto índice de violencia, mediante acciones meramente locales
enfocadas en 50 de los municipios del país, contra los 850 que no se contemplan y que
también controla el crimen organizado, quedará pronto rebasada, porque entre otros
aspectos, no ataca el origen de la inseguridad, concerniente al aspecto económico.
Además, dijo, está medida solo acelerará la expansión de las células criminales a nuevos
territorios, porque los 50 municipios donde se focaliza la propuesta, representan apenas el
2% de los ayuntamientos del país, sin embargo, el crimen organizado controla el 35% del
territorio nacional (de acuerdo al jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen
VanHerck), es decir, unos 850 municipios que, por el momento, se quedarán sin una
redefinición de estrategia y donde se genera el 53% de los homicidios dolosos a nivel
nacional, que aunque esparcidos, representan un problema mayor al que se quiere
combatir, señaló el Lic. Desfassiaux.
El Lic. Alejandro Desfassiaux explicó que, aunque la violencia se contenga en el 2% de
los municipios del país, la delincuencia es dinámica y se adapta rápidamente para crecer
sus zonas de influencia. Por ejemplo, el CJNG que tiene operaciones en Tijuana, podría
aprovechar para fortalecerse en otros municipios de las entidades en las que ya tiene
presencia. Como ejemplo expuso que, en marzo pasado, la DEA informó que este cártel
operaba en 23 entidades y en junio, solo 3 meses después, la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) confirmó que dicho cártel ya se había expandido y mantenía operaciones
en 27 estados del país, esto es 84% del territorio nacional.
La Iniciativa o Plan Mérida es un programa de cooperación de seguridad establecido en
2008 por Estados Unidos, México y los países de Centroamérica para disminuir el poder
de los grupos criminales mexicanos, sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que
dicha Iniciativa ya está muerta. En tanto que la dependencia a su cargo acordó con una
delegación de la DEA establecer como una prioridad bilateral mejorar los mecanismos
para compartir inteligencia contra el crimen organizado.