FGR ubica cuerpos y restos humanos mientras avanza la búsqueda de mineros desaparecidos en Sinaloa
Concordia, Sinaloa. — La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este 6 de febrero de 2026 que, en el marco de las investigaciones por la desaparición de 10 trabajadores mineros ocurrida el 23 de enero en la comunidad de Copala, municipio de La Concordia, se han localizado cuerpos y restos humanos que podrían estar relacionados con las víctimas, informó la propia institución.
Las diligencias realizadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), han permitido identificar características similares a las de uno de los mineros desaparecidos en al menos uno de los cuerpos hallados, aunque se esperan los trabajos periciales para confirmar su identidad oficial.
El operativo de búsqueda se ha llevado a cabo en zonas rurales del sur de Sinaloa, especialmente en la comunidad de El Verde y sus alrededores, donde además se ha reportado el hallazgo de una fosa clandestina —aunque no todos los detalles han sido confirmados formalmente por las autoridades—, lo que ha intensificado las labores de seguridad y rescate.
Los mineros desaparecidos eran empleados y contratistas de la minera canadiense Vizsla Silver, que opera en la región, y su paradero se desconocía desde finales de enero, cuando perdieron comunicación tras ser presuntamente interceptados por un grupo armado en su campamento. Familiares y comunidades cercanas habían activado campañas para localizar a los trabajadores y presionaron a las autoridades para mantener el caso en la agenda pública.
Las autoridades han resguardado los sitios de hallazgo con apoyo del Ejército, Guardia Nacional y personal pericial, quienes trabajan en el procesamiento de evidencias y en el levantamiento de los restos para su análisis científico. Las identidades de los cuerpos localizados aún no han sido oficialmente confirmadas por la FGR en el momento del anuncio.
El caso ha generado preocupación nacional tanto por la magnitud de la desaparición como por las condiciones de inseguridad que prevalecen en algunas zonas serranas de Sinaloa, donde operan diversas facciones criminales y se multiplican las acciones violentas —un contexto que ha complicado las labores de localización y resguardo de pobladores y trabajadores.