¿Quién es Hugo Aguilar Ortiz, el candidato indígena que lidera la elección para la Suprema Corte?

Con más de 3.4 millones de votos y el 63.9% de actas computadas, se perfila para presidir el máximo tribunal de México, en una jornada inédita de participación ciudadana.

Tijuana, 02 de Junio. - El último corte de los Cómputos Distritales Judiciales a las 14:00 horas de este lunes muestra que Hugo Aguilar Ortiz, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabeza la votación con 3,409,494 sufragios, equivalente al 5.1554% del total, perfilándose como posible presidente del máximo tribunal del país.

Por su parte, la candidata Lenia Batres Guadarrama acumula 3,223,278 votos, que representan el 4.8738% de la votación. El avance nacional alcanza el 63.9130% de actas computadas, con una participación ciudadana del 11.4742%.

Aguilar Ortiz, originario de Oaxaca, es un abogado litigante indígena con más de 30 años de trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Posee una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y ha ocupado cargos como subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca y coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

El candidato propone una función jurisdiccional cercana a las personas, que privilegie el diálogo directo y un entendimiento real de los problemas, dejando atrás los formalismos y fundamentando las resoluciones en la realidad y contexto de quienes acuden al sistema de justicia.

Esta elección, celebrada el 1 de junio, marcó un hito histórico en México al permitir por primera vez a la ciudadanía elegir a ministros, jueces y magistrados para 881 cargos, entre ellos nueve para la Suprema Corte.

El Instituto Nacional Electoral (INE) apoyó a los votantes con guías y herramientas informativas para facilitar la elección en un proceso complejo.

La elección de ministros independientes y con perfiles diversos busca renovar la justicia en México y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial.