Morena marca distancia de Rubén Rocha tras señalamientos de narcotráfico; legisladores evitan respaldarlo
Tijuana, 4 de Mayo. - Legisladores y figuras del oficialismo marcaron distancia del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras los señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico, y coincidieron en que el caso debe resolverse en el ámbito judicial.
Senadores, diputados y otros integrantes de Morena afirmaron, en entrevistas por separado, que la situación del mandatario estatal corresponde ser investigada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que solicitó licencia a su cargo.
Las declaraciones reflejan un deslinde generalizado dentro del partido gobernante. Algunos legisladores evitaron manifestar respaldo directo y subrayaron que Rocha Moya deberá enfrentar las consecuencias que determinen las autoridades.
El senador Gerardo Fernández Noroña fue la única voz que expresó públicamente su confianza en la inocencia del gobernador con licencia, aunque matizó que, de comprobarse responsabilidades, "no habrá impunidad".
En contraste, el también senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó confiar en el actuar de la FGR, pero al ser cuestionado sobre Rocha Moya respondió tajante: "no lo conozco".
Por su parte, la diputada Dolores Padierna consideró que la solicitud de licencia permite que el caso avance sin interferencias, al señalar que el exmandatario queda "a expensas de lo que determinen las autoridades".
La distancia política también se hizo evidente durante el Congreso Nacional de Morena, donde no hubo representación del gobierno de Sinaloa. Ni Rocha Moya ni su suplente acudieron al encuentro partidista.
En el presídium estuvieron presentes los gobernadores emanados de Morena, así como dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, entre ellos Luisa María Alcalde Luján, Carolina Rangel, Andrés Manuel López Beltrán y Camila Martínez, además del presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo.
De acuerdo con asistentes, la organización del evento no contempló un espacio para la representación sinaloense, en medio de las acusaciones que han puesto al mandatario con licencia bajo escrutinio.
Durante la sesión, en la que participaron más de 1,800 congresistas, se aprobaron reformas estatutarias, entre ellas ajustes en los mecanismos de afiliación y cambios en la estructura interna del partido.