Periodista advierte que la narcopolítica en México pasó de la complicidad al control del poder
Tijuana, 7 de Julio. - La relación entre organizaciones criminales y política en México atraviesa una nueva etapa en la que los grupos delictivos ya no sólo buscan protección institucional o ganancias económicas, sino disputar espacios de poder, influir en procesos electorales y decidir sobre autoridades locales, afirmó el periodista especializado en crimen organizado Luis Chaparro.
Durante una entrevista en el programa "La Entrevista" de Político MX, el director del medio Pie de Nota sostuvo que la llamada "narcopolítica" dejó atrás el modelo tradicional de complicidad entre funcionarios y cárteles para convertirse en una lucha abierta por el control de territorios, contratos públicos y estructuras gubernamentales.
"Yo no creo ahorita, y te lo digo con la responsabilidad que se requiere, que esté verdaderamente gobernando el Estado, y siento que en muchos estados, en muchas regiones de la República, es justo lo contrario: es el narco quien está decidiendo", afirmó.
Según Chaparro, las organizaciones criminales actualmente tienen capacidad para imponer condiciones mediante amenazas, violencia y presión económica, desde retirar candidatos de una elección hasta bloquear ciudades o afectar actividades productivas.
El periodista explicó que el antiguo esquema asociado al extinto Cártel de Guadalajara, basado en pagos a policías, comandantes y funcionarios para garantizar protección, fue superado por estructuras transnacionales que buscan participar en sectores legales como construcción, contratos gubernamentales, transporte, abasto y otros negocios.
"Ya ahorita el tema ya ni siquiera es la lana. La lana que generan de la droga la generan de los contratos que les da el propio gobierno", señaló.
Señalamientos sobre figuras políticas
Chaparro presentó un panorama en el que ubicó a distintos actores políticos dentro de un escenario marcado por investigaciones, cuestionamientos o presuntas relaciones con operadores criminales. Entre ellos mencionó a Adán Augusto López Hernández, Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo Montaño, Américo Villarreal Anaya, Enrique Inzunza Cázarez y Julieta Ramírez Padilla.
El periodista aclaró que sus señalamientos forman parte de su análisis sobre redes de poder político-criminal y no de acusaciones judiciales concluidas.
Sobre Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y actual senador, afirmó que representa uno de los casos más relevantes por su posición política y por las acusaciones contra su exsecretario de Seguridad Pública estatal, Hernán Bermúdez Requena, señalado por autoridades como presunto líder del grupo criminal conocido como "La Barredora".
"El tema de Adán Augusto es uno de los más claros, de los más preocupantes para México, sobre todo por el perfil de Adán Augusto, que está arriba", expresó.
Sinaloa, un punto central del análisis
Respecto a Sinaloa, Chaparro señaló al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya como una figura que, según su análisis, llegó al poder con apoyo de operadores vinculados a facciones del Cártel de Sinaloa.
Mencionó a grupos relacionados con Los Chapitos y Los Mayos, así como al operador conocido como "El Nini", además de declaraciones del exintegrante del cártel Dámaso López Serrano sobre presuntos flujos de dinero durante procesos electorales.
Chaparro sostuvo que una eventual investigación podría extenderse hacia empresarios, funcionarios, alcaldes, concesionarios de vehículos de lujo y operadores políticos.
También señaló a Enrique Inzunza como una pieza relevante dentro de lo que describió como una estructura de influencia política en Sinaloa, al afirmar que tendría capacidad para conectar actores políticos con grupos criminales.
La influencia territorial y el papel de los cárteles
Sobre Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, Chaparro habló de supuestos vínculos históricos en la entidad y de la atención que, según dijo, tendrían agencias estadounidenses sobre redes políticas relacionadas con grupos criminales.
También mencionó al grupo conocido como Los Salazar y otros actores políticos locales dentro de ese análisis.
En el caso de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, afirmó que sería otro de los focos de interés internacional, mientras que sobre Julieta Ramírez dijo que su papel estaría relacionado con operación política y manejo de recursos en respaldo a estructuras políticas de Sinaloa.
Una nueva etapa criminal
El periodista advirtió que México enfrenta una transformación del crimen organizado, con estructuras menos visibles y más parecidas a redes empresariales y políticas que a los antiguos cárteles tradicionales.
Aseguró que el Cártel Jalisco Nueva Generación opera bajo una lógica de expansión similar a una franquicia, con presencia internacional y capacidad de establecer alianzas mediante dinero o violencia.
Chaparro concluyó que el futuro del crimen organizado estará marcado por organizaciones fragmentadas, operadores políticos, empresarios y redes de influencia difíciles de identificar, donde el objetivo principal será el control del poder y no únicamente el tráfico de drogas.