Posicionamiento del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México sobre la masacre de jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Las organizaciones civiles, académicos y activistas que integran el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, manifiestan su total solidaridad con las familias de los 7 jóvenes que fueron agredidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el pasado domingo 26 de febrero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el defensor de los derechos humanos, Raymundo Ramos, y las y los periodistas que valientemente han denunciado los hechos y acompañado a las familias.
El saldo de estos hechos fue de 5 jóvenes ejecutados, uno lesionado gravemente y un sobreviviente que ha narrado los hechos difiriendo sustantivamente de la versión oficial de la Sedena, pues los jóvenes se encontraron desarmados a bordo de un vehículo particular. Cabe resaltar que, de acuerdo con testimonios de testigos y reportes periodísticos basados en el informe policial homologado y en las diligencias periciales practicadas y difundidas, los miembros del ejército dispararon en repetidas ocasiones y sin alguna razón en contra de civiles. Sin duda, estos eventos confirman que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos.
Exhortamos a las autoridades a esclarecer los hechos con total imparcialidad, transparencia y respeto a las víctimas y sus familiares, al tiempo que hacemos un llamado a la rendición de cuentas para que este hecho no quede impune y sea juzgado por autoridades civiles, ya que se ha dado a conocer que la Sedena ha consignado a cuatro probables responsables, sin claridad de la jurisdicción que tendrá un cargo el proceso.
Es fundamental prevenir hechos en los que civiles pierden la vida a manos de miembros de las instituciones que deberían protegerlos. En este sentido, solicitamos que las acciones de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas se lleven a cabo con la presencia y colaboración de las corporaciones policiales, o bien se realicen bajo un protocolo de uso legítimo de la fuerza, y con la prevalencia del principio de presunción de inocencia y respeto a los Derechos Humanos.