Quitar aguinaldos a funcionarios públicos y reducir sueldos es ilegal: Muñoz Ledo

El ex presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo, el día de ayer difirió ante lo dicho por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordando el tema de los lineamientos generales acerca del plan con el cual el país confrontará la crisis económica, consecuencia de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y la caída del valor monetario del petróleo

“No a la reducción de salarios, ni a la supresión de los aguinaldos. Sería violatorio de la ley. Debemos respetar los contratos colectivos, otorgar apoyos a las PyMEs y establecer una Renta Básica Universal. Habiendo tanta tela de donde cortar, para qué hacerle ojales”, indicó el diputado del grupo legislativo de Morena.

La semana pasada, el representante del Poder Ejecutivo Federal, indicó el decreto que salió a la luz mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF) mismo que su vigencia concluirá el 31 de diciembre del presente año, además de la disminución de salarios de los altos funcionarios públicos.

Lo que alcanzaría hasta en un 25 por ciento, en otras palabras, quien genere mayor reditúo monetario, será quien más aporte y será menor el descuento para los niveles inferiores.

Además, los altos funcionarios públicos no gozarán de aguinaldos ni de otra prestación a finales del año, menciona AMLO.

Acorde con el escrito oficial, con “eficiencia, honestidad y austeridad”, las medidas presidenciales incrementarán el presupuesto en 622 mil millones de pesos, con lo que “se otorgarán 3 millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares; además decreta que “se crearán 2 millones de empleos”, sin sustento o plan para alcanzar la meta.

Entre diversos cambios de austeridad mencionados por el mandatario, sobresale la cancelación del 75 por ciento de inversión en servicios generales, suministros y materiales. 

Por otro lado, habló acerca de los proyectos prioritarios, como lo son el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, indicando que continúan en seguimiento y sin recorte de sueldo.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) circuló recientemente un documento escrito público donde hace cuatro llamados para que empresas, trabajadores y autoridades lleguen a un denominado Acuerdo Nacional, en el que se vea reflejado la implementación del “salario solidario”.

La petición consiste en que “durante el periodo de la emergencia económica, el Gobierno de la República autorice recursos extraordinarios de las arcas gubernamentales para pagar una parte del sueldo de los trabajadores que se encuentren en paro ante la contingencia sanitaria”.

La confederación enfatiza  que para que su propuesta “Salario Solidario” funcione correctamente, es necesaria una inversión gubernamental cada mes de 96 mil 311 millones de pesos que beneficiará a 14 millones 149 mil 645 trabajadores que cobran entre uno y tres salarios mínimos; 5 millones 350 mil 678 empleados cuyo ingreso oscila entre 3 y 10 salarios mínimos y finalmente un millón 113 mil 213 colaboradores que su sueldo es mayor a los 10 salarios mínimos al mes.

Se afirma que el financiamiento del “salario solidario” podría manejarse mediante el uso de la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que adquirió a finales del 2019, Arturo Herrera Gutiérrez, actualmente titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cantidad que asciende a los 61 mil millones de dólares (USD).

“El monto máximo de aportación del Gobierno para cubrir el salario solidario 3 meses en caso de prolongación de la pandemia equivale al 20 por ciento de la línea de crédito”, alertó Gustavo de Hoyos Walther, el organismo empresarial dirigido a nivel nacional.

Una alternativa que presentó la Coparmex con el objetivo evitar la contratación de deuda pública, es la “reorientación del gasto público de obras no prioritarias, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya, dejando libre el presupuesto para los programas sociales, el gasto corriente, sobre todo aquel dedicado a educación o salud y el asignado a estados y municipios” concluyó.