Semarnat admite daños del Tren Maya en cenotes, pero oculta los estudios por "seguridad nacional"

La dependencia reconoce afectaciones en cavernas del tramo 5, pero mantiene reservados hasta 2028 los informes técnicos que detallan el impacto ecológico.

Tijuana, 6 de Diciembre. - La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció que las obras del Tren Maya provocaron afectaciones directas en cavernas y cenotes del tramo 5, entre Playa del Carmen y Tulum, aunque la dependencia mantiene bajo reserva la documentación técnica que detalla el alcance del daño ecológico.

Durante su comparecencia del 6 de octubre ante comisiones de la Cámara de Diputados, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, admitió que se registraron daños en al menos ocho cenotes y cavernas, derivados del uso de pilotes y concreto durante la construcción del viaducto. Añadió que ya iniciaron labores de limpieza y retiro de material en las zonas afectadas, al tiempo que el proyecto mantiene pendientes la mayoría de las condicionantes ambientales originalmente impuestas para mitigar impactos.

A pesar del reconocimiento público, Semarnat negó entregar estudios ambientales, dictámenes técnicos, monitoreos de calidad del agua y auditorías relacionadas con el tramo en cuestión. Argumentó que la información está clasificada desde 2023 bajo criterios de seguridad nacional, debido a que el Tren Maya fue declarado infraestructura estratégica. Esa reserva se mantendrá por cinco años, hasta 2028, salvo que sea revocada por el comité interno.

En sus respuestas a solicitudes de información, la dependencia también indicó que actualmente no cuenta con monitoreos propios recientes sobre la calidad del agua ni con dictámenes específicos sobre daños a cenotes, cavernas o acuíferos, por lo que no existen evaluaciones oficiales actualizadas más allá de las manifestaciones iniciales de impacto ambiental.

La decisión de mantener en secreto los estudios técnicos ha generado críticas entre especialistas, organizaciones ambientales y comunidades locales, que advierten que sin acceso a esa información resulta imposible conocer la magnitud real del daño, el volumen de concreto vertido o los posibles riesgos para el sistema hidrológico subterráneo de la región. También señalan que la falta de transparencia dificulta evaluar si las medidas de mitigación anunciadas por el gobierno están siendo efectivas.