¿Por qué Topolobampo está en pie de lucha? La planta de amoniaco que divide a Sinaloa
Tijuana, 3 de Junio. - Habitantes del puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa, reactivaron durante el fin de semana las protestas contra la construcción de una planta de amoniaco impulsada por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), al considerar que el proyecto representa una amenaza para los ecosistemas de la Bahía de Ohuira y para las actividades pesqueras de la región.
Las manifestaciones se registraron tras la llegada de equipo destinado a la construcción de la planta, uno de los proyectos industriales más ambiciosos del noroeste de México. Vecinos también denunciaron fallas recientes en el suministro de energía eléctrica y agua potable, situaciones que algunos habitantes vincularon con las obras relacionadas con el desarrollo del complejo.
El proyecto, promovido por GPO, filial de la firma internacional Proman, contempla la producción de alrededor de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco, un compuesto químico ampliamente utilizado en la fabricación de fertilizantes y en diversos procesos industriales.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas agrupadas en el colectivo "¡Aquí no!" sostienen que la planta podría ocasionar daños irreversibles en la Bahía de Ohuira, una zona considerada de alta importancia ecológica por la presencia de manglares, aves migratorias, delfines, lobos marinos y especies de interés pesquero.
Los opositores al proyecto argumentan que la extracción constante de agua marina para las operaciones industriales y su posterior descarga con temperaturas superiores podría alterar el equilibrio ecológico de la bahía, afectando la biodiversidad y la producción pesquera local.
Asimismo, advierten sobre posibles impactos económicos para cientos de familias que dependen de la pesca, particularmente de la captura de camarón, una de las actividades productivas más relevantes de la región.
La resistencia al proyecto también ha sido respaldada por integrantes del pueblo indígena mayo-yoreme, quienes consideran que una eventual degradación ambiental pondría en riesgo prácticas culturales, tradiciones y formas de subsistencia ligadas históricamente al territorio.
La controversia en torno a la planta se remonta a más de una década. Los primeros trámites para su desarrollo comenzaron en 2013 y desde entonces el proyecto ha enfrentado recursos legales, consultas comunitarias y diversas movilizaciones sociales.
Por su parte, GPO rechaza los señalamientos de daño ambiental y sostiene que la instalación se construye en un área previamente impactada por actividades industriales, sin afectaciones significativas a hábitats naturales.
La empresa asegura además que mantiene programas de conservación y monitoreo enfocados en la protección de manglares, aves migratorias, tortugas marinas, delfines y otras especies presentes en la región, además de cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades ambientales mexicanas.
Mientras tanto, la oposición ciudadana continúa creciendo. Una petición en línea para solicitar la cancelación definitiva del proyecto ha superado las 125 mil firmas, reflejando la polarización que genera una obra presentada por sus promotores como estratégica para el desarrollo económico del país y considerada por sus detractores como una amenaza para uno de los ecosistemas costeros más importantes del Golfo de California.