SCJN ordena liberar a Juana Hilda González tras 19 años presa por el caso Wallace
Tijuana, 11 de Junio. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este miércoles un fallo histórico que ordena la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien estuvo 19 años presa tras ser condenada por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
La Primera Sala, por unanimidad de cuatro votos a favor y uno en contra, otorgó un amparo liso y llano, al concluir que las confesiones clave en el caso fueron obtenidas bajo tortura y que dichas pruebas constituyen el principal pilar de la sentencia dictada en 2011, por lo que carecen de validez jurídica.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ponente de la demanda, señaló que las declaraciones fueron arrancadas mediante actos ilícitos, y que sin ellas no existe evidencia suficiente para sostener que González Lomelí participó en el delito. Asimismo, criticó el proceder de la Fiscalía General de la República (FGR), por haber ignorado las denuncias de tortura y haber volteado las pesquisas en su favor.
El proceso se convirtió en un caso emblemático que expone el uso de confesiones forzadas, fabricación de pruebas (como sangre y documentos hallados tras las confesiones), y posibles motivaciones político-mediáticas impulsadas por Miranda de Wallace.
Con la decisión definitiva de la SCJN, se espera que González Lomelí recupere su libertad en las próximas horas del penal federal femenil en Morelos, y abre la puerta para la revisión de casos similares relacionados con el llamado "Caso Wallace".
Este fallo representa un llamado a la atención sobre la práctica de la tortura dentro del sistema de justicia, y despierta cuestionamientos sobre la responsabilidad penal de las autoridades que permitieron el uso de pruebas obtenidas de forma viciada. Además, reaviva la discusión sobre el papel de los medios y la persecución política en procesos legales de alto impacto público.
La comunidad de derechos humanos y el círculo jurídico consideran este fallo como "un paso importante" para la reconstrucción de la confianza en las instituciones judiciales mexicanas, al reafirmar los principios del debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de la tortura.