Tortura a detenidas en México va a la ONU
El objetivo: obligarlas a admitir un crimen o forzar a sus parejas
CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 100 asociaciones civiles denunciarán a México el próximo miércoles ante la ONU por las agresiones sexuales que autoridades federales, estatales y municipales cometen de forma sistemática en contra de mujeres que son detenidas para enfrentar un proceso legal.
El documento, que será presentado en el 66 periodo de sesiones del Comité Contra la Tortura de la ONU, está sustentado con las cifras recopiladas por las organizaciones a través de estudios y con la defensoría de casos, pero también a partir de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Inegi, en la que se halló que ocho de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez.
De ellas, 76% afirmaron que los hechos ocurrieron en el arresto, mientras 65% dijeron que fueron coaccionadas en la custodia ministerial.
El informe considera la tortura sexual como "violación, amenaza de cometer dicho acto, tocamientos y descargas eléctricas en pechos, glúteos o genitales, y obligar a la víctima a realizar actos sexuales".
Uno de los principales objetivos de esta agresión, señala el documento, es obligar a las mujeres a autoinculparse de un delito o conseguir que alguien más asuma esa responsabilidad: "Viene acompañada de la reproducción de estereotipos, roles de género y abusos verbales referentes a la sexualidad de las mujeres; por ejemplo, refiriendo que las víctimas son 'putas' o 'rejegas'.
También se usa para humillar o incidir en la voluntad de los hombres que las acompañan", indica.
El Centro Prodh documentó entre 2006 y 2015 al menos 29 casos de tortura sexual. A algunas de las víctimas las amenazaron con violar a sus hijos y ser ejecutadas; en tres casos les provocaron abortos.
Amnistía Internacional detectó 72 abusos sexuales contra mujeres al momento de su detención. Expertos consideran que es necesaria la intervención de organizaciones civiles para dimensionar el problema, pues el Estado mexicano carece de datos oficiales suficientes sobre la tortura sexual.
El documento, que será presentado en el 66 periodo de sesiones del Comité Contra la Tortura de la ONU, está sustentado con las cifras recopiladas por las organizaciones a través de estudios y con la defensoría de casos, pero también a partir de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Inegi, en la que se halló que ocho de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez.
De ellas, 76% afirmaron que los hechos ocurrieron en el arresto, mientras 65% dijeron que fueron coaccionadas en la custodia ministerial.
El informe considera la tortura sexual como "violación, amenaza de cometer dicho acto, tocamientos y descargas eléctricas en pechos, glúteos o genitales, y obligar a la víctima a realizar actos sexuales".
Uno de los principales objetivos de esta agresión, señala el documento, es obligar a las mujeres a autoinculparse de un delito o conseguir que alguien más asuma esa responsabilidad: "Viene acompañada de la reproducción de estereotipos, roles de género y abusos verbales referentes a la sexualidad de las mujeres; por ejemplo, refiriendo que las víctimas son 'putas' o 'rejegas'.
También se usa para humillar o incidir en la voluntad de los hombres que las acompañan", indica.
El Centro Prodh documentó entre 2006 y 2015 al menos 29 casos de tortura sexual. A algunas de las víctimas las amenazaron con violar a sus hijos y ser ejecutadas; en tres casos les provocaron abortos.
Amnistía Internacional detectó 72 abusos sexuales contra mujeres al momento de su detención. Expertos consideran que es necesaria la intervención de organizaciones civiles para dimensionar el problema, pues el Estado mexicano carece de datos oficiales suficientes sobre la tortura sexual.