Tribunal ordena frenar deportación de migrantes víctimas
Los Ángeles, California. - Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó al gobierno del presidente Donald Trump detener deportaciones y facilitar el regreso de migrantes que fueron expulsados del país pese a contar con protecciones legales como víctimas de delitos y abuso.
La decisión judicial fue emitida por una corte federal en California, donde jueces determinaron que autoridades migratorias habrían incumplido procedimientos legales al detener y deportar a personas beneficiarias o solicitantes de visas humanitarias, particularmente las visas U y T.
Las visas U son otorgadas a inmigrantes víctimas de delitos graves que colaboran con autoridades estadounidenses en investigaciones criminales, mientras que las visas T están dirigidas a personas sobrevivientes de trata de personas. Ambos programas contemplan mecanismos de protección contra deportaciones.
De acuerdo con organizaciones civiles citadas por medios estadounidenses, agentes migratorios habrían realizado arrestos y expulsiones incluso cuando las personas contaban con procesos migratorios activos o medidas de protección vigentes.
La resolución judicial también ordena revisar casos de inmigrantes que fueron deportados presuntamente de manera irregular y establece que algunos podrían ser autorizados para regresar a territorio estadounidense mientras se resuelven sus procedimientos legales.
Organizaciones defensoras de migrantes señalaron que la decisión representa un revés para las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, particularmente en materia de detenciones aceleradas y endurecimiento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Durante los últimos meses, colectivos y abogados migratorios denunciaron un aumento en arrestos de inmigrantes que acudían a tribunales, citas administrativas o procesos relacionados con denuncias criminales, situación que generó preocupación entre grupos defensores de derechos humanos.
La corte federal consideró que ciertas acciones de autoridades migratorias podrían desalentar a víctimas de delitos a denunciar abusos o colaborar con investigaciones policiales, afectando tanto la protección de derechos humanos como procesos de seguridad pública.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no ha informado si apelará formalmente la decisión judicial. Sin embargo, funcionarios federales han defendido previamente las políticas migratorias de la administración Trump argumentando motivos de seguridad fronteriza y control migratorio.