Víctimas de La Luz del Mundo acusan "pacto de impunidad" en México
Tijuana, 16 de Abril. - Víctimas y sobrevivientes de la iglesia La Luz del Mundo denunciaron un presunto "pacto de impunidad" en México y exigieron a las autoridades reactivar investigaciones contra líderes de esa organización religiosa por delitos como abuso sexual infantil y delincuencia organizada.
En declaraciones a medios, las denunciantes Sochil Martin y Sharim Guzmán señalaron que el Estado mexicano ha sido omiso en el seguimiento de las denuncias presentadas desde 2019 ante la Fiscalía General de la República (FGR), y acusaron posibles vínculos políticos que habrían frenado el avance del caso.
"Que la fiscalía retome este tema y deje de encubrir", expresó Martin, quien advirtió que, de no haber avances, acudirán a instancias internacionales.
Las acusaciones surgen en vísperas de una audiencia judicial programada para el 16 de abril en el penal federal de Puente Grande, en Guadalajara, donde un juez determinará si se reabre la investigación contra líderes de la congregación.
El caso se remonta a 2019, cuando ambas denunciantes presentaron testimonios clave que derivaron en el proceso judicial en Estados Unidos contra el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, quien actualmente se encuentra preso tras ser condenado por delitos sexuales.
Además del líder religioso, las víctimas han señalado a otros integrantes y figuras públicas presuntamente vinculadas a la organización, entre ellos el senador Emmanuel Reyes Carmona, el exdiputado Hamlet García Almaguer y el exsenador Israel Zamora Guzmán, así como líderes religiosos de alto rango.
Durante sus testimonios, las denunciantes describieron un esquema sistemático de abuso dentro de la iglesia, que —según afirmaron— se perpetúa a través de dinámicas familiares y de adoctrinamiento desde la infancia. Martin relató prácticas de "grooming" que incluían conductas sexualizadas normalizadas bajo la figura del líder religioso.
Por su parte, Guzmán sostuvo que la falta de avances en México contrasta con las acciones judiciales en Estados Unidos, donde las autoridades han procesado a miembros de la cúpula de la organización por delitos graves. En México, en cambio, denunció el cierre de líneas de investigación y la liberación de recursos financieros previamente asegurados.
Las víctimas también señalaron la existencia de un supuesto intercambio de apoyo político a cambio de protección institucional, lo que —afirman— ha contribuido a la inacción de las autoridades.