"No hubo protocolo de prevención".
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 .- En el estadio La Corregidora de Querétaro debió haber cuando menos 700 elementos de seguridad privada para evitar hechos de violencia como los del sábado pasado, debido a que el inmueble es considerado de alto riesgo por su capacidad de 34 mil asistentes, afirmó el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién Santos.
Sin embargo, la empresa G.S.E.K. 9, contratada por el club queretano para el resguardo de los aficionados, desplegó menos de 300 agentes, según los reportes, un estado de fuerza inferior a lo que marca la tabla de referencia de riesgos y aforos para eventos de 2022, del gobierno del estado, dijo Sapién Santos en entrevista con EL UNIVERSAL.
"Ellos catalogan tres niveles de riesgo: bajo, moderado y alto, este por ser un aforo, el estadio La Corregidora de 34 mil asistentes, es considerado como un riesgo alto y deberían haber tenido cuando menos 700 elementos de seguridad privada", explicó.
El experto en seguridad privada consideró que se debe hacer un análisis a fondo para determinar si el personal del estadio cumplió con los lineamientos de Protección Civil y de las autoridades municipal y estatal en el desarrollo de este tipo de eventos masivos.
"Pienso que aquí lo que falló fueron tres aspectos sumamente importantes, que fueron la comunicación entre el estadio, la seguridad privada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Querétaro", detalló.
El presidente del CNSP aseguró que en el caso de la Ciudad de México siempre se implementan operativos de seguridad afuera de los estadios, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y también hay elementos al interior para apoyar las labores de guardar el orden.
No obstante, subrayó, "en el estadio de Querétaro un gran problema fue que no se llevaron a cabo los protocolos necesarios en materia de prevención, no se hicieron los análisis de riesgos para identificar grupo o masas de personas que pudieran generar este tipo de conflictos", sostuvo.
De la cancelación del permiso a la empresa G.S.E.K. 9, Sapién Santo refirió que la gran problemática es que se carece de un padrón único de empresas y de elementos de seguridad privada.
"Puede ser que esta empresa [G.S.E.K. 9] genere un nuevo permiso en otro estado de la República y preste nuevamente los servicios de seguridad privada, desafortunadamente. No se trata de cancelarse el permiso a una empresa, se trata de ver qué fue lo que falló y eso tendrá que quedar acreditado a través de la carpeta de investigación que inició la Fiscalía del estado", mencionó.
Reiteró que hace falta de una ley de carácter general que regule al sector de la seguridad privada.
