Contra el estado laico
Actualmente, la Iglesia católica y algunas iglesias evangélicas impulsan en el
Senado de la República la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público (LARCP), el ordenamiento jurídico que reglamenta las disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público.
Manifiesta lo anterior la citada ley en su artículo primero, en donde señala,
además, que las normas de la LARCP “son de orden público y de observancia
general en el territorio nacional”.
¿Cuál es la pretensión de las iglesias arriba mencionadas? Que en la reforma que
están impulsando quede establecido que las asociaciones religiosas pueden
colaborar con las instancias de gobierno en temas como construcción de paz y
emergencias. Las leyes que establecen el carácter laico del Estado no han podido
detener las acciones anti laicas de los ministros de culto y de los servidores
públicos que lograron que este cambio se plasmara ya en el reglamento interior de
la Secretaría de Gobernación. Ahora quieren más, mucho más, y van por la
reforma de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM), aseguró a principios del pasado mes de julio que la CEM
respeta el Estado laico, una institución a la que Bernardo Barrando sustenta “como
una estructura jurídicopolítica que no establece una religión oficial”. Lo cierto es
que las acciones del titular del órgano que reúne a los más de 100 obispos de
México ponen en duda su proclamado respeto a la laicidad del Estado mexicano.
Entiendo perfectamente bien que el Estado laico no es antirreligioso o anticlerical.
¡Y qué bueno que no lo sea!, porque la función del Estado no debe ser a favor ni
en contra de ninguna religión. Si actuara en cualquiera de las anteriores
direcciones (a favor o en contra) se rompería su naturaleza laica en perjuicio de
los derechos humanos de los mexicanos.
Es importante recordar que la pretensión de Benito Juárez y de los liberales que
participaron en la creación del Estado laico era la supresión de los privilegios
exclusivos de la Iglesia mayoritaria. Estas prerrogativas impedían que en México
se establecieran otras religiones, las cuales estaban prohibidas por las
constituciones intolerantes que estuvieron vigentes antes de la promulgación de la
Constitución liberal de 1857.
Fue esta Carta Magna de ideología liberal, y posteriormente las Leyes de Reforma
promulgadas entre 1855 y 1863, las que pusieron fin al Estado confesional, el cual
fomenta el abuso de poder y la ignorancia, además de caracterizarse, según
palabras de Artola, “por la promulgación de una religión oficial y la financiación
pública del culto y la atención de las necesidades del clero…”.
Las leyes que garantizan el carácter laico del Estado y de la educación que en el
marco del mismo se imparte son claras; sólo esperan ser respetadas por los
funcionarios públicos y por los ministros de culto. Al respecto, Bernardo Barranco
acaba de declarar a Expansión Política: “El artículo a letra dice que hay una
separación histórica entre el Estado y la Iglesia. El Estado no puede interferir en la
vida interna de la Iglesia ni las Iglesia deben intervenir en la agenda pública, en la
toma de decisión y en la ejecución de programas gubernamentales y la Cartilla
Moral es una iniciativa gubernamental”.
Concluyo mi columna de este día señalando a título personal la necesidad de
preservar inalterable los principios de laicidad y separación del Estado y las
iglesias. Entiendo que, para preservar estos logros históricos y benéficos para la
vida de nuestra querida nación, es importante que el Estado tenga presente la
composición plurirreligiosa de México, y que por respeto a ésta se niegue a
satisfacer las aspiraciones clericales en materia de educación religiosa, así como
aquellas que de un tiempo a la fecha buscan el otorgamiento de concesiones de
radio y televisión a las iglesias.
Hoy por hoy México clama por el fin de la discriminación y de la intolerancia
religiosa, esos males ancestrales que sólo esperan un pretexto para resurgir
violentamente en agravio de los grupos religiosos minoritarios. Estoy seguro de
que usted, amable lector, sabe perfectamente bien que la supresión de los
fenómenos antes mencionados solo será posible si contamos con un Estado laico
fuerte, en el que todos cumplamos las leyes del país, principalmente aquellos que,
al asumir sus cargos públicos, juraron guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan.
Twitter: @armayacastro
