CULIACÁN, UN CASO QUE POLARIZA LAS OPINIONES
El libro Anatomía de perversidades, escrito por Jorge Carpizo McGregor, relata un
acontecimiento que tuvo lugar el 13 de diciembre de 1993, un año y meses
después de que las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano fueran
reanudadas, en septiembre de 1992.
Comenta el exprocurador general de la República que alrededor de las 23:00
horas de ese día, fue llamado a una reunión con el presidente Carlos Salinas de
Gortari y el nuncio apostólico Girolamo Prigione, cuya presencia tenía el proposito
de interceder para que el entonces presidente de México recibiera a uno de los
hermanos Arellano Félix, interesado en dar su versión sobre el asesinato del
cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, y asegurarle que ellos
(Ramón y Benjamín) eran inocentes.
Cuando Salinas pide el consejo de Carpizo, éste le contesta: “No, señor
presidente, usted no puede hacerlo, usted no puede recibirlo”. Acto seguido, el
representante del papa en México preguntó qué debía decir a ese hermano de los
Arellano Félix que aguardaba en la nunciatura.
"Que se entregué", respondió Carpizo con firmeza. Enseguida, Prigione solicitó al
presidente Salinas preservar la integridad de la sede diplomática.
Cuenta Carpizo que en ese momento pensó armar un operativo para aprender al
Arellano Félix que estaba en la nunciatura, pero que se detuvo por temor a las
consecuencias de improvisar un operativo que, aparte de causar un conflicto
diplomático, conllevaba terribles riesgos operativos y estratégicos. Fue así como
se decidió no proceder a su captura.
El anterior relato nos permite saber que lo ocurrido hace unos días en Culiacán,
Sinaloa, ya ha pasado en anteriores sexenios. La única diferencia es que el caso
antes relatado tuvo lugar antes de la existencia de las redes sociales y su poder
viral. De haber existido estas plataformas digitales, la PGR, la presidencia de la
República y la Iglesia católica hubieran sido blanco de ataques y señalamientos de
diferente tipo.
Hablemos ahora del caso de Oviedo Guzmán López, cuya captura legal en
Culiacán, el pasado 17 de octubre, y la decisión de dejarlo posteriormente libre,
han polarizado las posiciones en medios y redes sociales en dos bandos
irreconciliables.
En mi opinión, en ambas partes hay intereses políticos y bastante exageración, lo
que impide que la sociedad pueda comprender en su justa dimensión qué fue lo
que sucedió ese día.
Entre los críticos de la medida encontramos a denigrantes sin piedad, que califican
al Estado mexicano como “débil, sin brújula y errático frente al crimen organizado”;
pero también apologistas que aplauden la decisión que tomaron los integrantes del
gabinete de seguridad, la cual fue respaldada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, quien señaló en Oaxaca el pasado viernes: “Yo estuve de acuerdo
con eso”; y añadió: “no se trata de masacres, eso ya se terminó. No puede valer
más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron
esta decisión y yo la respaldé.”
Para los partidarios de la decisión fue más que correcto soltar a Guzmán López,
una decisión que puso fin a una jornada de violencia en la que ocho personas
perdieron la vida, y que incluyó bloqueos de vialidades y balaceras intensas en
distintos puntos de Culiacán, la capital de Sinaloa y ciudad más grande de esa
entidad federativa.
Un sector de la prensa y los adversarios políticos del presidente califican como
“una vergüenza” la liberación del hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor
conocido como el “Chapo” Guzmán, el narcotraficante más célebre del presente
siglo, y quien el pasado mes de julio fue condenado a cadena perpetua y 30 años
adicionales por una corte de Estados Unidos, un fallo acerca del cual el presidente
de México opinó en su momento: “Una condena de esta en la cárcel de por vida,
conmueve”.
Los críticos del presidente se preguntan si decisiones de esta envergadura son lo
mejor para pacificar a México, un país que en los últimos días ha registrado
ataques sangrientos contra las fuerzas de seguridad por parte de algunos cárteles
de la droga, algo que, en honor de la verdad, ha ocurrido también en anteriores
administraciones, no sólo en la llamada Cuarta Transformación.
A pesar de que la polémica decisión ha dado mucho de que hablar en los últimos
días, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del
Gobierno de México, ha sido claro al señalar que no habrá pacto ni negociación
alguna con el crimen organizado. También anunció que reforzarán los operativos
de seguridad en el estado de Sinaloa.
La libertad de expresión en México garantiza la libre manifestación de
pensamiento, ideas y opiniones, y que sobre el caso Culiacán siga corriendo
mucha tinta, con opiniones a favor y en contra de la decisión; lo importante es que
actuemos siempre con respeto, responsabilidad y de manera propositiva,
difundiendo mensajes que coadyuven al logro de la paz social, tan necesaria para
el progreso de México.
