El petate del muerto
En nuestras negociaciones y pactos con los Estados Unidos, ellos
generalmente plantean dos o tres temas para obtener el que más les
importa; o bien un chantaje abierto para arrancarnos en otro campo una
política lesiva a los intereses nacionales. En este caso, la amenaza de
subir en 5% la tasa arancelarias a los productos mexicanos, lo que
representaría un costo adicional para los consumidores norteamericanos
y sólo a medio plazo una modesta reducción de nuestra competitividad
en el mercado del norte. Sin embargo, las “cadenas de valor” –esto es
las veces que los componentes de los bienes que exportamos cruzan la
frontera- ya que inciden también en el precio de los productos.
Por otra parte, la afirmación de Trump en el sentido de que nosotros
necesitamos de ellos y ellos no nos necesitan, es una arrogancia y una
tontería. Las relaciones económicas que mantenemos con EE.UU son
extremamente intricadas e interdependientes, pero en su conjunto
todavía benefician. Por ejemplo, la balanza comercial nos es favorable
en 97 mil millones de dólares, aunque habría que descontar las
transferencias en el interior de las empresas norteamericanas con sede
en México. A propósito de vulnerabilidad está probado que si nuestros
compatriotas residentes más allá de la frontera dejaran de trabajar un
solo día, paralizarían todas las actividades en los Estados Unidos.
El T-MEC es la prolongación del TLCAN con variantes. La más importante
es la obligación que nos impone para aumentar los salarios y evitar el
dumping laboral, lo que finalmente contribuirá a la disminución de la
desigualdad que padecemos. No obstante, nos obliga a establecer reglas
de origen en la producción de automóviles a efecto de incrementar los
componentes fabricados en toda norteamérica. Estas decisiones
económicas que habrían de ser negociadas y pactadas entre los tres
países, no representan, a priori, ninguna amenaza grave contra México.
Una firma consultora del Congreso de los Estados Unidos “The Perryman
Group”, señala que si se concretara la amenaza arancelaria, en sólo seis
meses podrían perderse más de 400 mil empleos norteamericanos. Por
eso suelo llamarlas: “el petate del muerto”.
Carece de sentido plegarnos a sus exigencias migratorias que nos
llevarían a un estatuto colonial. Ellos decidirían en última instancia el
tránsito de personas en nuestro país y a través de las fronteras.
Quisieran exhibir a todo nuestro país en una jaula frente al electorado
norteamericano. La criminalización de los migrantes va a contra pelo de
los avances internacionales en ese campo. Desata un “nativismo
histérico” contrario a la globalización y promueve abiertamente un
delito: el de xenofobia. México debiera insistir en la defensa irrestricta
del derecho humano a migrar establecido en el artículo 12 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como en el artículo 11
de nuestra Constitución que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho
para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar
de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte,
salvoconducto u otros requisitos semejantes”.
Por ello nos hemos empeñado en que se dé a conocer cualquier “pacto
secreto” que se haya hecho en la materia. El gobierno debiera hacer
transparentes todas las negociaciones al respecto. Como suele decir
AMLO “Al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie”. No
podemos olvidar que nuestra diplomacia promovió desde 1981 la
Convención Internacional sobre Todos los Trabajadores Migrantes y sus
Familiares, instrumento aprobado en 1990 por Naciones Unidas, tanto
como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular,
signa en Marrakech en noviembre de 2018.
Los migrantes que llegan del sur pertenecen a la categoría de
refugiados, protegidos por importantes instrumentos internacionales. Es
contrario al derecho desplazar el muro de la frontera norte hasta
Chiapas y utilizar la Guardia Nacional como “Border Patrol”. Están ya
circulando en las redes sociales machotes de amparo para que los
utilicen nuestros hermanos centroamericanos y los propios mexicanos.
Quedará en la competencia del Poder Judicial y de los propios
agraviados la primera barrera contra un atropello constitucional. Es
cierto que la solución de fondo es el desarrollo económico del triangulo
del sur, pero ello puede tardar muchos años e incluso no realizarse. Si
Trump decide venir a México, es porque considera que políticamente ya
ganó.
