¿Está usted de acuerdo con Dolores Padierna?

El pasado 28 de agosto, la Diputada Federal, María de los Dolores

Padierna Luna, publicó en el periódico El Financiero un artículo que tituló

“Del interés legítimo al interés ilegítimo”, en el cual hace referencia que

los promoventes de los juicios de amparo, por medio de los que se logró

la suspensión definitiva de la construcción del nuevo aeropuerto, no

cuentan con la legitimación necesaria para ejercitar dichos procesos,

pues el aludido “interés legítimo” que alegan tener, en realidad no es

tal.

Ella sostiene que dichos demandantes, a los que en el amparo se

les nombra “quejosos”, no reúnen los requisitos necesarios para tener

dicha calidad, porque para ello debían ser entidades dedicadas a la

protección del medio ambiente o algo similar, por lo que, al no ser así,

sino simples Asociaciones Civiles, en principio, dichas demandas no

debieron ni siquiera haber sido admitidas por los jueces de distrito que

están a cargo de los asuntos en cuestión.

Terminando su comentario puntualizando que, en realidad se trata

de un “interés ilegítimo” y de un “sabotaje legal” como dice el

Presidente de la República, orquestado por sus adversarios y movido por

intereses particulares, económicos y políticos oscuros, expresando que

“Más allá de la figura del juicio de amparo o de la actuación del Poder

Judicial, debe quedar clara, frente a la opinión pública, la verdadera

naturaleza de los juicios contra la terminal de Santa Lucía: ninguna otra

que la decisión de un grupo que no busca el bienestar común sino hacer

prevalecer sus intereses.”

Dolores Padierna no es abogada sino maestra normalista, por lo

que, de inicio, no queda del todo claro que cuente con los conocimientos

ni habilidades suficientes para llegar a la conclusión de si a los quejosos

de los amparos aludidos les asiste o no un interés legítimo para

promover esos medios extraordinarios de defensa.

Los invito que analicemos la figura del interés legítimo, y así,

sacar nosotros nuestras propias conclusiones respecto a este tema.

Podemos identificar tres clases de “interés” en cuanto a promover

alguna acción legal: Tenemos el Interés Jurídico, el Interés Legítimo y el

Interés Simple. Únicamente los dos primeros otorgan legitimación para

accionar el juicio de amparo.

El párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que

tratándose de la procedencia del amparo indirecto, quien comparezca a

un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos:

1).- Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación

inmediata y directa en la esfera jurídica (Interés Jurídico) o 2).- En caso

de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la

posibilidad de solamente aducir un Interés Legítimo, que será suficiente

para comparecer en el juicio.

El Interés Jurídico se da cuando se vulnera de manera directa un

derecho subjetivo de una persona o grupo de personas, por un acto de

autoridad, de donde deriva el agravio correspondiente. Por ejemplo:

Una orden de aprehensión en contra de Pedro, en ese caso, dicha orden

tendría por consecuencia, de llegar a ejecutarse, la de privar del

derecho humano de libre transito a Pedro, afectando así directamente su

esfera jurídica.

Por su parte, el Interés legítimo, cosiste en la existencia de un

acto arbitrario lesione un interés difuso de una colectividad

determinada, ya sea de manera individual o colectiva.

Dicho interés legítimo se refiere a: la existencia de un vínculo

entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en

el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada

expresamente por el orden jurídico, la cual se encuentra en aptitud de

expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la

sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y

jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se

reclama produciría un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica,

ya sea actual o futuro pero cierto.

El interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más

amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés simple

de la sociedad, no se trata de la generalización de una acción popular,

sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones

jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos.

De forma tal que, mediante el interés legítimo, el demandante se

encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una

relación específica con el objeto de la pretensión que aduce.

Para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de

una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de

razonabilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección

constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado.

El inminente daño irreparable al ecosistema que causaría la

construcción del nuevo aeropuerto, desde luego que causaría una

violación al derecho humano de gozar de un medio ambiente sano en

perjuicio de todas las personas que vivimos en México.

Bajo esa lógica en el caso de los amparos contra la construcción

del nuevo aeropuerto ¿Podríamos hablar de la existencia de un interés

cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse,

en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de

los quejosos, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido

amplio, de índole ecológico? o ¿Resulta tan obvio y notorio que no lo

hay, como para que un juez de distrito no admita la demanda de

amparo, desechándola desde su presentación?

Como siempre un placer saludarlo, esperando que estas pocas

letras hayan sido de su agrado y sobre todo de utilidad ¡Hasta la

próxima!