Guerra sucia, deepfake, y violencia digital
Las guerras o campañas sucias no son nada nuevo en la politiquería de nuestro país.
La utilización de medios de comunicación para, con mentiras y falsedades, desprestigiar a un contendiente político o persona quien por la naturaleza de su trabajo tiene proyección pública, ha sido pan nuestro de cada día en el juego político mexicano desde tiempos inmemorables.
No obstante, con el nacimiento del internet, la falta de regulación efectiva de este y las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, han dado una nueva definición y alcance nunca imaginados a la llamada guerra o campaña sucia.
Tenemos por ejemplo la tecnología de deepfake.
La palabra deepfake es un acrónimo del inglés formado por las palabras fake: que significa falsificación y deep learning: que significa aprendizaje profundo.
Es una técnica de inteligencia artificial que permite editar videos falsos de personas aparentemente reales, utilizando para ello algoritmos de aprendizaje no supervisados.
El resultado final de dicha técnica es un vídeo muy realista, aunque ficticio.
La técnica del deepfake fue creada para ser utilizada en efectos especiales en filmes, al resultar más convincente que el maquillaje tradicional. De tal manera que podemos ver al actor Will Smith combatiendo a un clon más joven de sí mismo o, ver en la película Rogue One, de Star Wars, al personaje de la princesa Leia interpretada por otra actriz, pero con la misma cara de Carrie Fischer cuando era joven.
Por lo que ahora, en la guerra sucia no sólo puede levantársele falsedades escritas al contendiente, sino también en videos, utilizando la técnica de deepfake, la cual es accesible a prácticamente todo el mundo por su bajo costo y facilidad de obtención, llevando la violencia tecnológica a otras dimensiones.
La violencia tecnológica conlleva factores relevantes como la accesibilidad de encontrar el contenido (obtenido y publicado sin el consentimiento de los afectados), la permanencia en línea de dicha información, así como la facilidad de replicar y escalar su distribución.
Por lo que, cada vez que se reenvía contenido se promueve y refuerza la violencia hacia quien la sufre, la que puede derivar en la revictimización y nuevos traumas para los afectados, puesto que se generan archivos digitales permanentes difíciles de eliminar.
Los países, de manera general, han fallado en su obligación de adoptar medidas apropiadas para la protección de las personas en contra de la violencia digital, o bien, utilizan “a modo” las leyes como pretexto para restringir libertades, incluyendo el derecho de libre expresión, lo cual no resuelve el problema de fondo.
Este tipo de violencia tiene impacto y consecuencias reales y graves en la vida de las personas que las sufren, puesto que pone en riesgo sus derechos e incluso, suponen peligros a su integridad, involucrando en ello a sus familiares más cercanos.
En principio, toda persona tiene absoluta libertad de compartir aspectos íntimos de su vida (incluso de su vida sexual si así lo desea) a través de medios digitales sin que eso implique una autorización tácita para que los contenidos que resulten de ello sean compartidos con terceros ajenos a esa conversación.
Garantizando así los derechos de las personas que interactúan en medios digitales, sobre todo los relativos a la vida privada y a la propia imagen, aspectos personalísimos de su vida, fincando nuevas responsabilidades al Estado para garantizar derechos primordiales, como a la privacidad, a la intimidad personal, al honor y a la imagen pública, sin coartar por ningún motivo su derecho a la libre expresión o el acceso a una tutela judicial efectiva.
En ese sentido, existe la obligación del Estado de salvaguardar los derechos antes mencionados, pues es un hecho notorio que existe violencia contra quienes sufren particularmente de infracciones contra su intimidad y que, por tal motivo, se ven afectadas en todas las esferas de su vida.
Lo cual todavía se agrava más cuando el contenido compartido en internet resulta falso.
Por lo que, sin lugar a dudas, genera daños en el honor, prestigio y consideración de las víctimas, lo que no se ve atenuado ni mucho menos justificado bajo la óptica de tener proyección pública, ya que el mayor rango de tolerancia que conlleva a este tipo de personas, no le permite a nadie abordar temas ajenos a los que exclusivamente son de interés público y que se deriven del desempeño de su función, debiendo respetar en todo momento el derecho humano a la intimidad de la víctima.
Como siempre un placer saludarlo esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad ¡Hasta la próxima!
