La grandeza de los pequeños

Alfonso Reyes relató en sólo 15 páginas la historia del país: “México en

una nuez”. Notable capacidad de síntesis que hoy permitiría una visión

exhaustiva y compacta de un mundo que el Covid-19 desintegra y

unifica de un mismo golpe. Nuestras neuronas merecen un alivio. Los

problemas que nos aquejan son interdependientes. Conociendo las

premisas globales, hemos de resolver secuencialmente las cuestiones

particulares a fin de armar el rompecabezas. Abrumados por un bosque

sin fronteras podemos toparnos con cada uno sus árboles.

Esbozo los principales asuntos en cartera: la mayor urgencia es la

declaración de un estado de emergencia mandatado en la Constitución

en casos de perturbación grave que ponga a la sociedad en peligro o

conflicto, junto como el máximo apoyo posible para la reconversión del

sistema de salud. Una audaz política de crédito, imprescindible para

desatar el crecimiento mediante una estrategia contraciclica: alentar las

inversiones y elevar el gasto público redistributivo y claramente

encauzado a la creación del Estado de Bienestar. La expansión del

consumo a través de la elevación permanente de los salarios y la

conversión de transferencias monetarias a sectores específicos en una

renta básica universal. Implementar políticas racionales en materia

energética, agua y alimentación, como asuntos de seguridad nacional.

Dirigentes empresariales piden revisar la inequitativa distribución

territorial de los recursos públicos: revisar el equilibrio en el reparto de

participaciones y aportaciones federales destinadas a las Estados y

Municipios. Convocar a una nueva Convención Nacional Fiscal. Que

reemplace la Ley Coordinación Fiscal de 1978. Efectivamente se ha

conservado hasta ahora la ultrajante desproporción entre los recursos

que recaudan los órdenes de gobierno –Federación 80%, Estados 15% y

Municipios 5%-. Para abatirla se requieren decisiones de gran calado.

Resulta indispensable destrabar la Ley de Participación Fiscal

Compensatoria, concebida para paliar las desigualdades entre entidades

federativas. Desterrar la corrupción hacendaria de la federación,

reiteradamente condenados por el Presidente, tales como las enormes

evasiones y condonaciones expresadas en números redondos y de cuyos

beneficiarios no conocemos sus nombres y apellidos y menos si han sido

procesados. Atosigar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado,

cuya información ignoramos.

Proponer reformas al régimen hacendario, como la transferencia del

cobro del IVA a los Estados, ya que se trata de ingresos mercantiles

sujetos a la jurisdicción local. Propuse en el “Plan de Chicoasén” que una

proporción justa de los ingresos por el ISR fuera compartida con los

Estados y Municipios cuando se origen sea en la utilización de recursos

naturales: minería, petróleo, electricidad, gas y ecoturismo. Es

inconcebible que Chiapas generé gran de la energía eléctrica del país y

siga sumido en la pobreza, como lo denunció respecto a Tabasco su líder

social de entonces, Andrés Manuel López Obrador.

Estremece la vulnerabilidad y abandono de las PyMEs. Palabras van y

medidas vienen sin comprender que son la columna vertebral de la

economía mexicana. Generan el 72% del empleo y el 52% del PIB

nacional. De ese universo ¡¡el 97.6%!! son microempresas que ocupan

menos de 5 trabajadores y que se funden en una realidad oscilatoria con

las pequeñas que pueden llegar hasta 11. Rubros que comprenden

taquerías, tintorerías, papelerías, refaccionarias y todo tipo de

estanquillos, con la torpe exclusión del ambulantaje –cuyo número es

incalculable– arrojado a la extorsión y manipulación de los caciques.

Inasibles “macehuales” expatriados por la estadística y la ley.

Ciertos macroempresarios olfatean una presa codiciable y se proclaman

patriarcas de los más pequeños. Pretenden englutirlos dentro de su

insaciable vientre para potenciar su capacidad de negociación con el

gobierno. Solicitan rescates financieros con sombrero ajeno: el de los

verdaderos creadores del empleo. Todos los apoyos deben llegar

directamente a quienes lo necesitan: a los microempresarios y a los

trabajadores asalariados, que no a sus patrones. El gobierno podría,

como en otros países, levantar un padrón provisional de PyMEs que las

formalizara como sujetos fiscales no obligados a declarar ingresos

temporalmente; los apoyos que requiriesen tendrían la forma jurídica de

subsidio al trabajo y podrían ser inmediatamente beneficiarios del

Seguro Social. Al finalizar la crisis regularizarían su situación hacendaria

y dispondríamos de la más amplia base contributiva que hayamos

tenido: la mayor revolución fiscal de nuestra historia y la genuina

liberación de los pobres.