Saldo rojo

A finales del año pasado se hablaba a de la presencia de 235 elementos de la Guardia Nacional en Tijuana.  Ahora nos aseguran que han sido desplazados a esta ciudad alrededor de tres mil efectivos militares.  Y no es que Tijuana haya sido abatida por algún desastre natural y activado el Plan DN-III, Dios no lo quiera; se trata de otro tipo de calamidad, igual o más nociva que la primera, provocada por la descomposición social, las pugnas entre grupos criminales, la proliferación de armas, la ausencia de una estrategia de combate efectiva y, sobre todo, por la persistente impunidad.

Este 15 de noviembre, Tijuana amanece con 69 homicidios dolosos cometidos durante la primera mitad del mes y un acumulado de 1, 703 a lo largo del año.  Si la tendencia se mantiene igual, lo que es muy probable, al concluir 2021 el saldo rojo rebasará nuevamente las dos mil víctimas, algo que ha venido ocurriendo desde 2018, año con año.

Insisten las autoridades en que esta violencia incontenible se debe a conflictos entre narcomenudistas que se pelean la plaza y que la gente de bien no tiene de qué preocuparse.  Yo no estaría tan seguro. 

Por supuesto que inquieta saber que se vive en una ciudad donde todos los días se cometen un promedio de cinco a seis asesinatos, donde se han localizado este año en fosas clandestinas más de 180 personas reportadas como desaparecidas, donde aparecen cuerpos desmembrados en el interior de bolsas o maletas. 

Le ofrezco una disculpa, si es que Usted ha leído hasta este punto y el tema le resulta obscuro o desgastante, pero no parece haber otra forma de presionar a las autoridades, que no sea repetir una y otra vez que es su obligación atender la inseguridad y dar los resultados esperados, destinar los presupuestos y los elementos necesarios para crear un clima de paz, en el que los habitantes de esta ciudad puedan formar familias y progreso. 

Ya no sirven las promesas y las justificaciones, las hemos escuchado todas, decenas de veces.

Criminólogos, sociólogos, experimentados policías, juristas, funcionarios públicos y hasta los periodistas que seguimos el día a día del acontecer urbano hemos analizado el problema.  El gobierno tiene la información y el diagnóstico, saben perfectamente lo que se requiere para reducir los índices de violencia, pero siempre se quedan cortos, ya sea por incapacidad, indolencia o contubernio. 

No lo ha reconocido públicamente, pero todo indica que el presidente López Obrador ya reconoció el fracaso de su estrategia de abrazar a los criminales.  Desplegar a miles de elementos de la Guardia Nacional es una forma de aceptar que el uso de la fuerza es necesario para inhibir la comisión de delitos y sacar de circulación a los violentos. 

A la mitad de su gobierno y al comenzar las nuevas administraciones locales, no nos queda más que mantenernos expectantes y seguir cuidando de los nuestros.