Sociedad y derecho
A 125 días del arranque de la Jornada Nacional de Sana Distancia (el 23 de marzo del 2020), la percepción de la población con respecto a la protección a la salud por parte de las autoridades, se encuentra más desacreditada que nunca.
Y es que, por un lado, la información errónea y hasta evidentemente falsa, que se ha dado desde las más altas esferas del ejecutivo federal, como el asegurar desde los primeros días del mes de abril (cuando teníamos 170 fallecimientos por COVID) que la curva de contagios ya se había aplanado y, que iba a la baja (lo que indiscutiblemente era mentira, dado los más de 40,000 muertos por el virus que van hasta la fecha), ha generado en una gran cantidad de personas, el ya no confiar en las autoridades.
México es un pueblo de sobrevivientes, que ha sabido salir delante de cualquier adversidad. Cuando percibimos que las autoridades no nos están ayudando, dejamos de confiar nuestro bienestar en ellas y empezamos a actuar por nuestra cuenta y por nuestros propios medios. Así es como hemos sobrevivido a lo largo de nuestra historia.
La gente ahorita sabe que, sí se siente enferma y no tiene recursos suficientes para atención médica particular, no debe ir a los hospitales públicos, como los del IMSS, porque eso sería empeorar su salud. De modo tal que prefieren quedarse en casa, ya sea para aliviarse o para morir, (para bien morir), en compañía de sus seres queridos, sin someterse a la tortura de estar conectado a un tubo que, a final de cuentas, lo único que haría es empeorar su situación, arribando al mismo desenlace que si se hubiera quedado en su hogar, pues sabe que el servicio que se da en esos lugares es pésimo y deficiente.
El derecho a la salud en nuestro país está pasando por el peor momento de su historia. En su aspecto social o público, consiste: en el deber del Estado de atender los problemas que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Ello implica la obligación del Estado de llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como, el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios, identificación de los principales problemas que afecten el bienestar público del conglomerado social, entre otras.
La protección de la salud es un objetivo que el Estado debe perseguir legítimamente al tratarse de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que: toda persona tiene derecho a ésta, debiendo ser proporcionada por las dependencias y entidades correspondientes de manera regular, adecuada, eficiente y oportuna.
El instrumento más importante por medio del cual el Estado da seguridad social de protección y procuración de salud a la población, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya naturaleza jurídica es la de un organismo, público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, fiscalmente autónomo y de integración operativa tripartita, ya que en este concurren los sectores público, social y privado (Estado, Patrones y Trabajadores), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley del Seguro Social.
Sin embargo, desafortunadamente, es una realidad conocida por todos que el IMSS está muy lejos de cumplir con el mandato consagrado en el artículo 4º Constitucional, pues el servicio de salud que proporciona, en la gran mayoría de los casos, no es para nada adecuado, resulta ineficiente y casi siempre inoportuno, lo que causa terribles e irremediables daños y menoscabos de la vida de los seres humanos.
El 22 de febrero de 2019, se publicó en el portal del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL en la que se distinguen dos proyecciones de esta prerrogativa, una individual y otra social.
De una simple, elemental y empírica ponderación de derechos, podemos fácilmente afirmar que, el de la salud resulta más importante que todos los demás, pasando por el económico, laboral, vivienda, etc., los cuales, no obstante ser de la mayor relevancia, resultan insignificantes ante el menoscabo, o la inminente perdida de la vida.
Es por ello que, los esfuerzos del gobierno y sociedad deben enfocarse, de manera preponderante, en el mejoramiento y eficacia de los servicios de salud prestados a la población en general, sin perderse en cuestiones que, sí bien son necesarias atender, siempre quedaran en segundo término frente al bienestar físico (y mental) de las personas.
El asistencialismo en el que tanto énfasis ha puesto el ejecutivo federal, es indispensable y urgente que lo redireccione para que los recursos económicos que se destinan al pago de becas a personas que, en su mayoría, perfectamente pueden trabajar, se apliquen ahora para la compra de medicinas, equipo médico e instalaciones aptas y suficientes para hacer frente al gravísimo problema de falta de protección a la salud en el que estamos.
Como siempre un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y sobre todo de utilidad ¡Hasta la próxima!
