Tiempos de guerra
País por país miembro de la UE ha ido tomando sus propias decisiones e iniciativas para autoprotegerse de la expansión del virus desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la declaración de pandemia el pasado 11 de marzo.
El foco italiano que brotó abruptamente el fin de semana del 21 de febrero marcó un antes y un después no solo para las italianos sino para el resto de los europeos cuyos gobiernos fueron reaccionando más que previniendo.
El primer ministro italiano Giuseppe Conte puso en marcha un paquete extraordinario por 25 mil millones de euros para paliar los efectos provocados por el Covid-19.
Para los autónomos se ha destinado un apoyo de 600 euros, la interrupción del pago de las hipotecas para quienes se han quedado sin empleo o con la nómina congelada o reducida; asimismo quedan suspendidos los impuestos y las contribuciones para las empresas micro, pequeñas y medianas.
“Es una medida económica poderosa. Estamos intentando construir, con los esfuerzos de todos los italianos, un verdadero y propio dique para proteger a empresas, familias y trabajadores. Queremos que Europa nos siga en este camino”, afirmó Conte.
La pandemia está carcomiéndose la moral de una ciudadanía en cuarentena forzada por decreto desde 11 de marzo, aplicada a todo el territorio, aunque inició en la región norte con Lombardía y el Veneto como áreas calientes de transmisión; el primer ministro Conte estudia alargar la cuarentena hasta abril y elevar la severidad al estado de sitio para forzar a la población a quedarse en su casa.
Tampoco alientan las caídas de las bolsas y los noticieros llenos de pésimas novedades dando cuenta de los comités de crisis formados por cada país convertidos en cuarteles de guerra.
A COLACIÓN
Esa guerra a la que el mandatario galo Emmanuel Macron refirió insistentemente en su discurso a la nación para anunciar el estado de emergencia sanitaria y la aplicación de un exuberante programa de salvamento económico por 300 mil millones de euros.
El Estado francés asumirá el pago de los créditos contraídos y quedan suspendidos el pago de los alquileres, de impuestos, del pago de agua, luz y gas; se congelan las reformas mientras los taxis y los hoteles quedan al servicio de la emergencia sanitaria.
“Estamos en guerra, no contra otra nación ni contra un ejército. Es una guerra sanitaria. Pero el enemigo está allí y avanza, y eso requiere nuestra movilización general”, ha declarado el presidente.
Desde París, José Manuel Albares, embajador de España en Francia, vive el confinamiento en primera persona como una situación “extraña”, de un país sin actividad o casi esperando una guerra, que es como lo definió el delfín del Elíseo.
“El estado de emergencia se ha decretado como en el caso de España para 15 días aunque todo el mundo es muy consciente de que va a durar mucho más de manera oficiosa o por rumorología se habla de mínimo 45 días”, comenta el diplomático.
El escenario, añade Albares, es de gran preocupación y al mismo tiempo de gran incertidumbre porque es una situación nueva para el mundo entero y se vive con una mezcla de miedo y de responsabilidad; de concienciación de que esto es “absolutamente necesario” y que nos va la vida en juego.
“En Francia, el ejército está movilizado, se ha instalado un hospital de campaña en Alsacia que es una de las zonas más afectadas se trata de una región fronteriza con Alemania; y también se ha autorizado al ejército a trasladar enfermos de las regiones más afectadas hacia otras regiones para reducir la congestión de los hospitales”, explica el diplomático español.
El embajador Albares comenta que el dignatario francés ha sido muy claro al decir que “ninguna empresa sea cual sea su tamaño será dejada a su suerte” y “ningún francés se quedará sin recursos” y por lo tanto, ha dado un giro proteccionista “una especie de defensa de la economía nacional” durante la crisis.
“Básicamente se trata de inyecciones de subvención a empresas que estén en dificultad en estos momentos, exenciones de cargas sociales, garantía de los sueldos de aquellos trabajadores que no van a poder acceder a su puesto de trabajo y de alguna forma garantizar que el Estado estará allí para cubrir las pérdidas que se generen tanto a nivel individual como de empresas”, remarca.