Exsecretario de Gobierno de Baja California aparece en lista ligada a investigación en EU por huachicol
De acuerdo con la columna del periodista Héctor de Mauleón, Julio César Carmona habría solicitado protección a autoridades estadounidenses a cambio de información sobre una red de contrabando de combustible y presunto financiamiento político en México, donde figura Catalino Zavala.
Tijuana, 20 de Mayo. - Una columna del periodista Héctor de Mauleón sostiene que un testimonio entregado a autoridades de Estados Unidos habría incluido una lista de políticos mexicanos presuntamente vinculados con una red de financiamiento político irregular relacionada con el tráfico de combustible conocido como "huachicol".
De acuerdo con el texto, Julio César Carmona Angulo solicitó protección al gobierno estadounidense en noviembre de 2021, días después del asesinato de su hermano, Sergio Carmona Angulo, empresario apodado "El Rey del Huachicol", a cambio de aportar información sobre presuntas operaciones ilícitas en la frontera norte de México y el financiamiento de campañas políticas.
La columna afirma que agencias como el FBI, el Departamento de Seguridad Interior (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento del Tesoro habrían abierto líneas de investigación a partir de estos señalamientos, en el marco de pesquisas sobre tráfico ilegal de combustible y lavado de dinero.
Según el texto periodístico, entre los nombres que habrían sido mencionados por el informante figura el actual secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado Carrillo, así como familiares suyos.
También se incluye al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, junto con su hijo, además del exsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, y la exaspirante a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores.
La lista mencionada en la columna también incluiría al exfuncionario de Baja California Catalino Zavala Márquez, al alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, así como a otros actores políticos estatales y municipales.
El texto agrega que las autoridades estadounidenses habrían recopilado información telefónica, mensajes y registros financieros para sustentar una investigación más amplia sobre posibles flujos de dinero ilícito hacia campañas electorales en distintas entidades de México.
Hasta el momento, ninguno de los mencionados ha sido acusado formalmente ante tribunales de Estados Unidos.
