Buscan contadores consenso para mitigar efectos por crisis sanitaria
Plantean propuestas económicas para concentrar los esfuerzos en incrementar las capacidades sanitarias.
TIJUANA.- El sector de la contaduría pública plantea una política de rescate económico nacional para lograr en el menor tiempo posible la reiniciación de operaciones en los diversos sectores productivos,
En un documento dirigido al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana, licenciado Gabriel Camarena Salinas, dicho sector de la contaduría expone tres puntos para reactivar al sector productivo, con el objetivo de que a su vez sea presentado en la próxima reunión del CCE México y, posteriormente, al Presidente de la República.
Plantean la necesidad de invertir para fortalecer las capacidades de asistencia sanitaria hasta donde más se pueda para la atención de los contagiados.
El contador público certificado Rufo Ibarra Batista, miembro y ex presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Baja California (IMCPBC), mencionó que uno de los planteamientos es que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) sea transformado de manera contracíclico para fortalecer las capacidades sanitarias en todo el país, y, de ser necesario, considerar la utilización del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
La segunda propuesta se refiere a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), cuya labor fundamental es la de regular el sistema de ahorro para el retiro (SAR), misma que “mantiene lineamientos que no permiten el retiro parcial de los ahorros en condiciones emergentes como la que padecemos”.
Por lo que, se le recomendaría a la CONSAR flexibilizar sus fundamentos para que los trabajadores pudieran solicitar parte de sus ahorros para el sostenimiento en este periodo, una vez reincorporados al sector laboral se obliguen de manera paulatina ir aportando una cantidad adicional hasta lograr el retiro parcial efectuado.
La tercera propuesta es la Adición de dos puntos porcentuales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y que los presupuestos de las tres principales obras del actual Gobierno Federal: Refinería de Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto en Santa Lucía, se concentren mayormente en las necesidades emergentes que actualmente sufre el país.
Esto, requiere de un compromiso tanto del sector empresarial como de las organizaciones civiles para que a partir del ejercicio 2022 se incremente por uno o dos años el IVA, y con ello regresar al gobierno federal su presupuesto para llevar a cabo las obras de infraestructura.
Sería una reforma que se pudiera acodar en diciembre de 2020 aún y cuando por artículo transitorio se establezca que su vigencia sea sólo por los años 2022 y 2023.
Rufo Ibarra, quien también fue presidente de la Academia de Estudios Fiscales de Baja California. considera que “si se invirtiera dicho presupuesto en incrementar lo más pronto posible las capacidades para atender la crisis sanitaria, pudiéramos tener en el tiempo resultados menos desfavorables”.
