Cambio de paradigma; retos institucionales para un equilibrio socio-ecológico en tiempos de la 4T.
Uno de los elementos más distintivos del periodo neoliberal es la apuesta por la desregularización y adelgazamiento de distintos ámbitos competenciales del Estado en aras de promover el libre mercado y el permanente crecimiento económico, sacrificando con ello a los sectores sociales más desfavorecidos, negando criterios mínimos de justicia social, así como el equilibro ecológico, la protección de la biodiversidad y los servicios ambientales que brindan nuestros ecosistemas.
En este sentido, la creciente desigualdad social y las diversas crisis medio ambientales a escala local y global que han puesto en riesgo el bienestar de nuestra especie, han demostrado en los hechos el fracaso del neoliberalismo, por lo que cualquier cambio de paradigma requiere forzosamente buscar un equilibrio entre justicia social, equilibrio ecológico y desarrollo económico, para ello se requiere indubitablemente contar con instituciones en los tres órdenes de gobierno regidas bajo este paradigma, que cuenten con capacidad presupuestal y el capital humano suficiente para logar esta difícil tarea.
En este sentido el proyecto de la cuarta transformación requiere no solo identificar la complejidad de los retos que implica desarticular el proyecto neoliberal instaurado en las últimas cuatro décadas en nuestro país y gran parte del mundo, sino que requiere promover cambios legales y políticas públicas congruentes con esta idea en las distintas esferas de gobierno.
Al respecto, es innegable que la cuarta transformación de la vida pública nacional ha tenido avances significativos en la dimensión social, encaminando el presupuesto público a la creación y constitucionalización de programas sociales que garanticen un mínimo de ingresos a los grupos sociales más desfavorecidos, así como la inversión en obra pública en las regiones del país que históricamente han sido relegadas, no obstante, la dimensión ambiental parece no tener un interés central hasta el momento, cuando es fundamental para garantizar el bienestar de la población, sobre todo de los sectores de la población cuya subsistencia depende directamente de los recursos naturales o los servicios ambientales provistos por su entorno.
Si bien el exceso de burocracia y los salarios exorbitantes de sus elites es un problema que se debe atender para recuperar la legitimidad del estado mexicano, se debe ser cuidadoso de los espacios en donde se hacen estos recortes presupuestales y sin duda el sector ambiental no debiera ser uno de ellos, sobre todo en las áreas relacionadas con el cuidado de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad nacional, por lo que el cierre de oficinas y el recorte y reubicación de personal en organismos desconcentrados de la SEMARNAT como la CONAMP y la PROFEPA solo pueden ser catalogados como desaciertos.
La región noroeste del país que se distingue por ecosistemas áridos tiende a ser particularmente menos resiliente que otros ecosistemas, por lo que se requeriría aumentar la redundancia institucional para la protección y conservación del medio ambiente y su biodiversidad en vez de disminuirla como lo ocurrido en el estado de Baja California, en donde se ha decidido cerrar las oficinas de PROFEPA en el municipio de Ensenada y Tijuana y por consecuencia se descuida cerca del 70 % del territorio del estado en materia de inspección y vigilancia de delitos en contra del medio ambiente, se debe entender la redundancia como la participación activa de diversas instituciones estatales independientemente de si sus funciones principales sean las de conservación y cuidado ambiental, así como la participación activa de organismos no gubernamentales, el sector privado de la economía y la sociedad civil en general .
Contrario a la reducción o adelgazamiento de estas instituciones, el reto del estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno es el de institucionalizar y transversalidad el cuidado y conservación del medio ambiente, así como fomentar el uso sustentable de la biodiversidad nacional y los servicios ambientales por parte de la población, lo cual solo se podrá en la medida en que aumentemos la redundancia institucional encargada de estas tareas.
Desde el ámbito legislativo, seguiré impulsando iniciativas tendientes a resolver estas problemáticas, como lo he hecho con las reformas que modifican nuestra Constitución, la ley orgánica de la administración pública federal y la ley de planeación en materia de protección de la biodiversidad, cuidado de los servicios ecosistemicos y adaptación y mitigación del cambio climático por parte de diversas instituciones y entidades públicas, así como la creación de redundancias institucionales para lograr estas tareas, así como impulsar y presentar puntos de acuerdo que puedan incidir a que se reviertan los desaciertos que ha realizado la administración pública en este rubro.
