"Mientras retiran visas, las familias pagan el costo de la inseguridad": CESODI
Llaman a las autoridades a priorizar la protección y la justicia para los hogares afectados.
En medio de la polémica del retiro de las visas a la Gobernadora Marina del Pilar y su esposo Carlos Torres, y en el marco del Día Internacional de las Familias, el Colectivo CESODI insta a las autoridades de los tres niveles y órdenes de gobierno a atender con efectividad las violencias e inseguridad que aquejan a las familias bajacalifornianas.
Su presidenta, Estefanía Placencia Ponce, considera que la polémica de las visas es una muestra más de que las autoridades no están trabajando en las problemáticas sociales que afectan a las familias bajacalifornianas.
Hoy 15 de mayo, en el marco del Día Internacional de las Familias, propuesto por la ONU para sensibilizar sobre temas de gran interés, llamar la atención de los gobiernos y dar a conocer problemas sin resolver que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas, como son las violencias e inseguridad que aquejan a las familias en Baja California por la falta de efectividad de los tres niveles y órdenes de gobierno para atender estas problemáticas que se manifiestan tanto al interior de la familia —como la violencia familiar, violencia vicaria, violación, feminicidio o maltrato contra menores de edad—, como por la delincuencia proferida por miembros externos a ellas.
Mientras la atención de los gobiernos se centra en otros temas, los costos los pagan las familias bajacalifornianas, aseveró Placencia Ponce.
Según estimaciones estadísticas, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares en Baja California representó un monto de 8.7 mil millones de pesos, lo cual equivale a un promedio de 7,128 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. La misma fuente refiere que el 25.7 por ciento de los hogares en el estado tuvo, al menos, una víctima de delito.
También pagamos los costos de las medidas preventivas porque los gobiernos no hacen su trabajo; esto ha representado un gasto estimado para los hogares del 34.8 por ciento en el estado. Medidas tales como: cambiar o colocar cerraduras, colocar o cambiar rejas o bardas, instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o colonia, contratar seguros, cambiarse de vivienda o lugar, entre otras.
Otro indicador relevante es la cifra negra de Baja California, que va en aumento y asciende a 88.9%. Lo más desafortunado es que las encuestas revelan que las expectativas de la ciudadanía sobre las condiciones de seguridad pública para los próximos 12 meses indican que el 31.6% considera que seguirá igual de mal y el 22.9% que empeorará.
Por todo ello, Placencia Ponce pide tomar todas las medidas necesarias y "estratégicas" para atender con efectividad las violencias e inseguridad que aquejan a las familias bajacalifornianas, entre otras:
Disminuir el tiempo de respuesta a las llamadas de emergencia al 911.
Que las órdenes y medidas de protección implementadas por las policías municipales sean eficaces.
Que las fiscalías no se nieguen a recibir denuncias y disminuyan el tiempo de investigación, sin menoscabo de los derechos de las víctimas.
Que el Tribunal Superior de Justicia cumpla a cabalidad con el derecho humano al acceso a la justicia para las víctimas de las violencias.
Que las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia garanticen los derechos de la infancia que participan en procesos judiciales.
Que el gobierno federal otorgue el presupuesto necesario para contar con los albergues necesarios para víctimas de violencia en todo el estado.
CESODI es una organización civil, sin fines de lucro, que proporciona asesoría multidisciplinaria y acompañamiento a mujeres, sus hijos e hijas víctimas de violencia vicaria. No pertenecen a grupos políticos, religiosos o dependencias gubernamentales.
