Empresarios de Tijuana alertan que reformas a la Ley de Amparo ahuyentan inversiones y ponen en riesgo empleos
El CCE advierte que la eliminación de suspensiones judiciales deja indefensas a las empresas ante actos de autoridad y genera incertidumbre para capitales extranjeros como Samsung.
El presidente del CCE Tijuana, Roberto Lyle Fritch, afirmó que la modificación elimina la posibilidad de suspender provisionalmente actos gubernamentales que pudieran causar perjuicios irreparables mientras se resuelve un juicio, lo que, dijo, representa un retroceso en materia de derechos fundamentales.
"Nos están quitando una herramienta que servía para frenar abusos de autoridad y defendernos de actos injustos del gobierno. En lugar de avanzar, estamos retrocediendo", señaló el dirigente empresarial durante una sesión informativa del organismo.
Explicó que el amparo otorgaba un margen de protección para que las personas y empresas pudieran argumentar su defensa ante los tribunales antes de la ejecución de resoluciones oficiales. "Con esta nueva ley prácticamente nos están quitando ese beneficio que ya era un derecho ganado", subrayó.
Lyle Fritch ilustró las posibles consecuencias con el caso de Samsung, empresa a la que el gobierno federal impuso un cobro de 300 mil millones de pesos por concepto de IVA duplicado en mercancías de importación temporal. "Esa compañía ya analiza retirarse del país, y con esta reforma no podría ampararse para defenderse legalmente", advirtió.
El dirigente advirtió que la medida se suma a un entorno de incertidumbre jurídica y debilitamiento institucional, en medio de la reciente reconfiguración del Poder Judicial y la eliminación de organismos autónomos como el INAI.
En Baja California, detalló, la situación económica ya refleja signos de desaceleración: el sector de la construcción ha perdido más del 30 % de su actividad, con más de 200 empresas cerradas, mientras que el sector manufacturero ha registrado más de 30 000 empleos perdidos.
"El eliminar mecanismos de protección debilita la transparencia y la rendición de cuentas. Si el gobierno decide emprender obras con daños ambientales o fiscales, ya no habrá amparo que los detenga", concluyó.
