Es vital mejorar manejo de residuos peligrosos: CIGA
Para evitar sanciones.
Por: Adán MONDRAGÓN/EL MEXICANO | 03/03/2019
TIJUANA.- Los residuos peligrosos no son basura y requieren de un mejor manejo, porque a veces pueden generarse en pequeñas cantidades y aun así tener un impacto muy serio en la salud y el medio ambiente, enfatizó el ingeniero José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA).
El manejo de los residuos peligrosos (RP) es competencia del gobierno federal, el de residuos sólidos urbanos (RSU) corresponde al gobierno municipal y los residuos de manejo especial (RME) competen al estatal, pero con gran facilidad se da la concurrencia, porque hay residuos peligrosos no solo en la industria, sino en comercios y hogares.
“En el manejo de residuos peligrosos generados por las actividades económicas se atribuye responsabilidad a las empresas; para evitar sanciones administrativas y penales es vital conocer la Ley de Responsabilidad Ambiental, la Ley General de Residuos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), convenios internacionales y las reformas hechas al Código Penal Federal en años recientes”, advirtió.
Cabe recordar que el artículo 414 del Código Penal Federal señala que se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3 mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas.
Respecto a las sustancias consideradas peligrosas, el artículo se refiere a aquellas con características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas que causen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.
“Todo este entramado jurídico se ve fortalecido, en cada vez más casos, por compromisos voluntarios de empresas y corporativos enfocados al desarrollo sostenible, con programas que promueven la cultura y educación ambiental, así como certificaciones que responden a un consumidor cada vez más informado y exigente que busca productos y servicios amigables con el medio ambiente”, consideró.
Hay municipios, explicó, en donde a los talleres mecánicos la reglamentación les exige evidencias de contrato y destino de los residuos peligrosos para evitar que se mezclen con residuos sólidos urbanos y terminen en rellenos sanitarios; algo similar aplica a estéticas, farmacias, imprentas, limpiaduras, yonkeros, llanteras e infinidad de micro generadores.
En el caso de Tijuana, el también vicepresidente de Gestión Ambiental en la Cámara Nacional de Comercio local destacó que la ciudad vive un intenso desarrollo inmobiliario vertical, con vivienda, hoteles y centros comerciales, algo que tiene impactos ambientales en materia de movilidad urbana y en la demanda de agua, drenaje y energía eléctrica.
“Los vecinos están cada vez más preocupados por la transformación de su comunidad; mitigar los impactos es responsabilidad del desarrollador, la autorización es necesaria para la adaptación aceptada por vecinos y regulada por el gobierno, seguro así podrán evitarse conflictos como los que hoy se dan en la rampa del Centro Escolar Aguacaliente”, opinó.
El manejo de los residuos peligrosos (RP) es competencia del gobierno federal, el de residuos sólidos urbanos (RSU) corresponde al gobierno municipal y los residuos de manejo especial (RME) competen al estatal, pero con gran facilidad se da la concurrencia, porque hay residuos peligrosos no solo en la industria, sino en comercios y hogares.
“En el manejo de residuos peligrosos generados por las actividades económicas se atribuye responsabilidad a las empresas; para evitar sanciones administrativas y penales es vital conocer la Ley de Responsabilidad Ambiental, la Ley General de Residuos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s), convenios internacionales y las reformas hechas al Código Penal Federal en años recientes”, advirtió.
Cabe recordar que el artículo 414 del Código Penal Federal señala que se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3 mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas.
Respecto a las sustancias consideradas peligrosas, el artículo se refiere a aquellas con características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas que causen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.
“Todo este entramado jurídico se ve fortalecido, en cada vez más casos, por compromisos voluntarios de empresas y corporativos enfocados al desarrollo sostenible, con programas que promueven la cultura y educación ambiental, así como certificaciones que responden a un consumidor cada vez más informado y exigente que busca productos y servicios amigables con el medio ambiente”, consideró.
Hay municipios, explicó, en donde a los talleres mecánicos la reglamentación les exige evidencias de contrato y destino de los residuos peligrosos para evitar que se mezclen con residuos sólidos urbanos y terminen en rellenos sanitarios; algo similar aplica a estéticas, farmacias, imprentas, limpiaduras, yonkeros, llanteras e infinidad de micro generadores.
En el caso de Tijuana, el también vicepresidente de Gestión Ambiental en la Cámara Nacional de Comercio local destacó que la ciudad vive un intenso desarrollo inmobiliario vertical, con vivienda, hoteles y centros comerciales, algo que tiene impactos ambientales en materia de movilidad urbana y en la demanda de agua, drenaje y energía eléctrica.
“Los vecinos están cada vez más preocupados por la transformación de su comunidad; mitigar los impactos es responsabilidad del desarrollador, la autorización es necesaria para la adaptación aceptada por vecinos y regulada por el gobierno, seguro así podrán evitarse conflictos como los que hoy se dan en la rampa del Centro Escolar Aguacaliente”, opinó.
