Exmilitar podrá regresar a EU tras 2 años de deportación

TIJUANA, BC., septiembre 1.- Sonó su celular. En la pantalla marcaba el nombre de su pastora, Ema Lozano. Respondió como siempre lo hace, pero la noticia hizo que Miguel Ángel no sólo soltara el teléfono y que cayera al piso, el mensaje también dobló el cuerpo de roble del exveterano de las Fuerzas Armadas estadounidenses, quien al final rompió en llanto: tras casi dos años de su deportación, lo habían perdonado, al fin volverá a casa.

"No lo creo, siento como si fuera un sueño", dice Miguel Ángel Pérez, un mexicano que vivió casi toda su vida en Estados Unidos, en donde se enfilo en el Ejército de ese país para servir a la nación y terminó integrándose al Tercer Grupo de Fuerzas Especiales en el Norte de Carolina.

Explica que el viernes pasado, mientras conversaba con su amigo Carlos Luna, miembro de la organización Green Card Vet en Chicago, le advirtió que había ido a buscar su expediente en la corte, pero no lo encontró. Esa fue la primera señal. La segunda fue la más contundente, la que desbarató al exmilitar, su pastora Ema Lozano recibió la llamada del gobernador Jay Robert "J. B." Pritzker.

"Nadie sabía qué estaba pasando", recuerda, llegó una segunda llamada de la pastora, ahora mucho más calmada y más certera en su hablar: "'Oficialmente me acaban de hablar para decirme que te dieron el perdón'… tiré el teléfono y empecé a llorar", narra. Pero ahí no terminó, una tercera persona lo contactó.

Era Julie Contreras, se trató de una videollamada. Lo miró llorando y, casi en silencio, sólo atinó a decirle: "Sí, te dije que no te íbamos a abandonar. Ya puedes hablarle a tu mamá".

Sentado, en el que por un año y ocho meses ha sido su hogar, dice que está listo para volver a su casa con su familia y a la comunidad que lo vio crecer. Ha aprendido a querer el techo que lo ha protegido durante estos casi dos años, luego de que la Unión Americana lo deportara bajo el argumento de haber cometido un delito por el cual pasó un tiempo un tiempo en prisión.

"Hubo un crimen y se pagó, y ni crimen fue, entonces se pagó. El hecho de haber sido militar o haber servido al país no te da el derecho a cometer un crimen, pero tampoco les da el derecho de que te expulsen, es como si te dan una multa por exceso de velocidad, no te quitan la licencia de por vida", comenta.

La principal preocupación de su familia y de los organismos que lo apoyaron era el problema de violencia en México, relacionada con el crimen organizado, las amenazas hacia grupos vulnerables, como el de migrantes y deportados, como él, pero sobre todo la dificultad de tener un tratamiento para las enfermedades mentales relacionadas para exmilitares, como estrés postraumática.
El siguiente paso, dice, es que con ese perdón que antes le impedía avanzar con su proceso de residencia o ciudadanía, y que tampoco le permitía asistir a sus citas en la corte.

A fines de 2016, Miguel Ángel Pérez solicitó perdón a la Junta de Revisión de Prisioneros de Illinois, argumentando que éste podría evitar la deportación. Pidieron clemencia en abril de 2017, pero el vicegobernador Bruce Rauner negó la petición en 2018 y fue deportado.