Hay casi 400 empresas con deudas de más de 100 mil pesos en el pago del agua, director de la CESPT
Rigoberto Laborín señala que el problema que existe con las tomas clandestinas
TIJUANA, B.C.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, realizó una transmisión en Facebook para dar los resultados de la mesa de seguridad diaria, en esta ocasión con la colaboración de Rigoberto Laborín, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Entre los temas de seguridad que se trataron en dicha reunión, esta el caso de un decomiso de 19 kilos de cocaína en el municipio de Mexicali, además hubo un altercado con migrantes, sin embargo, destacó que en el Centro Integrador para Migrantes en Tijuana ya cuenta con 91 ocupantes donde reciben todo tipo de ayuda.
El gobernador enfatizó en la importancia de la seguridad en el área de Las Delicias, del municipio de Tijuana, ya que en esta colonia solamente el 1% de la denuncias son procesadas, por ello se trabajará en la implementación de un Ministerio Público en esta zona.
El día de ayer se registró un total de 9 homicidios en el estado, Bonilla destacó que ha bajado la tasa, ya que anteriormente se registraban entre 12 y 15 asesinatos al día, pero la cantidad de 9 aún sigue siendo un índice muy alto.
El director de la CESPT, Rigoberto Laborín, mencionó que existen 400 empresas con deudas de más de 100 mil pesos del servicio de agua, a lo cual ya se tiene identificado a los deudores, y se buscará que puedan saldar dichos pagos de la forma más eficiente, es decir dentro de lo que marca la ley.
Una de las alternativas para resarcir este daño es la implementación de una oficina de la Secretaría de Gobierno de México dentro de las instalaciones de la CESPT, para que funcione como un auditor externo y pueda solucionar este tema con la empresas de faltantes de pago del suministro de agua, explicó Laborín.
Otro tema preocupante para la comisión es la aparición de las tomas clandestinas, pues muchos de los negocios deudores acceden al servicio de agua de esta forma, el gobernador ejemplificó que si una empresa utiliza el líquido vital de una toma clandestina, la población es la que tendría que pagar la pérdida de dicha agua.
