Realizan investigaciones a los funcionarios del gobierno de Montserrat Caballero
La Sindicatura Procuradora de Tijuana abrió entre 63 y 70 quejas por presuntas irregularidades
Tijuana, B.C. - La Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, encabezada por Teresita de Jesús Balderas Beltrán, reveló que se han iniciado decenas de investigaciones en contra de exfuncionarios de la administración de Montserrat Caballero Ramírez. Hasta el momento, se han registrado entre 63 y 70 quejas, de las cuales al menos 42 ya han sido formalizadas.
Las denuncias abarcan diversas áreas de la administración municipal y señalan posibles actos de enriquecimiento ilícito, adjudicación irregular de contratos y uso indebido de recursos públicos. Uno de los casos destacados incluye la adquisición de un sistema informático por 92 millones de pesos, presuntamente sin la debida licitación.
Según la Sindicatura, además de las quejas ya presentadas, hay alrededor de 28 procesos en etapa de integración. La funcionaria señaló que 10 a 12 de estas denuncias podrían escalar a carpetas de investigación penal.
Por su parte, cabildos del partido opositor detallaron una denuncia adicional contra la exalcaldesa Caballero, por supuesta adquisición de un terreno y un inmueble en zona privilegiada con un presunto financiamiento no aclarado, lo que sumó presión política al proceso.
Frente a estos señalamientos, la ahora exalcaldesa Montserrat Caballero ha declarado que no ha recibido notificación formal de algún proceso en su contra y cuestionó la motivación política de las denuncias.
El actual gobierno municipal de Tijuana, al tomar posesión, designó una auditoría interna para revisar la transición administrativa y recuperar bienes o recursos que hubieran sido mal utilizados. Entre los hallazgos preliminares se reportó el faltante de más de 600 piezas de mobiliario, lo que derivó en la suspensión de un funcionario de alto nivel.
Las autoridades locales enfatizan que los procesos siguen su curso conforme al marco legal, y que cualquier sanción administrativa o penal dependerá de los resultados de las investigaciones y las auditorías correspondientes. Asimismo, se comprometieron a transparentar los avances conforme sea posible.
