Marina del Pilar revela contratos irregulares de Bonilla

Tijuana, B.C., Diciembre 03.- Durante la primer conferencia de prensa de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda evidenció los contratos irregulares con valores al doble de sus costos, obras inconclusas y renta de inmuebles en condiciones deplorables, por parte del antiguo gobernador Jaime Bonilla Valdez  

Durante la conferencia de prensa en la capital del estado, Ávila Olmeda, fue acompañada por el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexia y Alejandro Arregui, secretario de Trabajo y Previsión Social exhibieron los contratos multianuales en condiciones desventajosas y excesivamente onerosos para el erario estatal, por lo que la Gobernadora aseguró que serán cancelados o se renegociarán.

El más caro ejemplo y que de no cancelarse generaría un costo por 6 mil millones de pesos, es la construcción de la planta fotovoltaica que Bonilla licitó y entregó a la empresa neolonesa Next Energy, sin tener las facultades para hacerlo (dichos permisos solo los autoriza la Comisión Reguladora de Energía, con base en el programa energético que elabora la Secretaría de Energía.)

Moreno Mexia señaló que el contrato con Next Energy “excede más de dos veces a proyectos similares…(se estableció) un monto de manera artificial”.

Cabe destacar que Jaime Bonilla colocó la primera piedra de la planta fotovoltaica donde estuvo acompañado de los propietarios de Next Energy; mientras se vanagloriaron de poner en marcha la construcción de la planta más grande de toda América Latina.

Mientras que la gobernadora comentó que “revisaremos los certificados de inversión que son por 6 mil millones de pesos (en la planta fotovoltaica), porque es un contrato desfavorable para el estado y se está haciendo una revisión técnica, jurídica y financiera”.

El secretario de Hacienda, también anunció la cancelación del “tren inter-urbano de Tijuana”, sin embargo, no precisó el costo de dicha obra.

Otro contrato más que se cancelará es con la empresa norteamericana Worldwide Environmental Products, Inc., quienes se encargaban de la verificación vehicular. El contrato “plurianual” y la obligatoriedad de los usuarios de vehículos a pagarla tendría una reumuneración de mil millones de pesos para el gobierno del estado.

Y el último contrato “plurianual” que se cancelará o reestructurará, será el que había sido exhibido con anterioridad, el cual se encargaba de proveer las tres comidas del día a personas privadas de su libertad, custodios y centros de atención para menores con la empresa La Cosmopolitana, el cual tiene un costo de aproximadamente 3 mil millones de pesos y la empresa, propiedad de una familia lituanenses ubicada en la CDMX desde hace más de 20 años, está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera por los posibles delitos de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito por parte de sus dueños.

Para concluir, la gobernadora Ávila Olmeda dio a conocer la cancelación de un contrato de renta de oficinas que firmó el gobernador Jaime Bonilla Valdez a dos días de culminar su mandato, el 29 de octubre.

Hablamos de la renta en oficinas para la instalación de cuatro Centros de Conciliación Laboral y que, ante las modificaciones a Ley Federal del Trabajo, deben de establecerse ya que así lo señala la reforma hacia la justicia laboral. Se trata de la eliminación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que dependían de la STyPS, lugar donde se abordaban los conflictos laborales. Con la nueva ley de justicia laboral, los centros de conciliación laboral en mención, dependerán ahora del Poder Judicial para hacer mas expedita la atención a los empleados. Por otra parte, se busca acabar con ello los centros de corrupción en que se habían tornado las juntas de conciliación.

Dos días antes de culminar su mandato, el gobernador indicó la renta de las oficinas, que se ubican en la Plaza Fimbres de Mexicali y otras más en la Plaza Viva de Tijuana. Estas empresas se contrataron por 3 millones de pesos, sin embargo, dicho contrato se canceló en la nueva administración pues, las condiciones físicas de los inmuebles tornan imposible su uso.

Cabe mencionar que el gobierno de Bonilla no únicamente pagó 3 millones de pesos por oficinas inhabitables, sino que, solo utilizó esa cantidad de los 24 millones 667 pesos que el gobierno federal entregó como subsidio al estado para que pudiera realizar la instalación de los centros. De forma adicional, el gobierno del estado presupuestó 30 millones de pesos.

Al tratarse de recursos federales, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda se veía en la necesidad regresar 21 millones de pesos a la federación ya que no se les dio el uso adecuado. No obstante, en negociaciones con la titular de la STyPS, Luisa María Alcalde Luján, la gobernadora consiguió una prórroga de 90 días para utilizar el recursos e instalar dichos centros.

“(Los centros) debieron estar instalados y el dinero ejecutado en septiembre, pero la realidad fue muy distinta, lo que se nos había compartido (en la etapa de transición) no fue la realidad. Al llegar al gobierno encontramos condiciones que ponían en riesgo el dinero y la creación de los centros”, expuso Del Pilar.

Al día de hoy la deuda con que Marina del Pilar Ávila Olmeda recibió el gobierno es de 35 mil millones de pesos mexicanos, sumando los contratos plurianuales que hoy se busca cancelar y en ciertos casos, hasta una nueva negociación.