No hay elementos irregulares en la licitación para la planta fotovoltaica, aseguró la Secretaría de Honestidad de BC

TIJUANA, B.C. - La Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP), explicó el proceso que se llevó a cabo en la licitación para la construcción de la Planta Fotovoltaica en Baja California, con transparencia y en total apego a la ley. 

En este sentido, la titular de la SHFP, Vicenta Espinosa Martínez, dio respuesta a una denuncia que hicieron de manera anónima ante la dependencia a su cargo, por “supuestamente incurrir en diversas irregularidades en la licitación pública y construcción de la central eléctrica fotovoltaica”.  

Al respecto, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, manifestó que dolosamente se busca desacreditar la licitación.  

También hizo hincapié en que los permisos de concesión, solo los otorga la federación y no el Estado, en tanto que los premios de construcción le competen al municipio.     

Aclaró que parte de las funciones de la SHFP, es recibir cualquier denuncia, sin embargo, para dar puntual seguimiento se requiere el nombre del denunciante e información para abrir una carpeta de investigación, la cual, en este caso, carece de todos estos elementos para dar respuesta.    

En primer término, explicó que el decreto 88, publicado en el Diario Oficial del Estado, de 24 de julio de 2020, se posibilito al Gobierno del Estado llevar contrato plurianual de suministro de energía eléctrica, a través de planta solar fotovoltaica, siempre que el costo por Kilovatio hora fuera menor a la contratada por la Comisión Estatal del Agua. En Acuerdo al Ejecutivo el 12 de agosto de 2020, publicado el 14 del mismo mes, se establecieron: 1) Bases de licitación; 2) Facultades al comité interinstitucional de energía; 3) Convocatoria, propuestas, evaluación contrato y solicitud de garantías. 

Posteriormente, el 20 de agosto de 2020, se expide la convocatoria para el “Desarrollo de Central Eléctrica Fotovoltaica en Baja California, para prestación de suministro eléctrico para el Gobierno del Estado y/o sus entidades paraestatales”. 

La funcionaria estatal detalló que la licitación se desarrolló de la siguiente manera: 

1.- Del 20 al 25 de agosto, adquisición de bases y entrega de documentos. 

2.- El 4 de septiembre, se llevó a cabo la primera junta de aclaraciones, preguntas previas y respuestas ese día.  

3.- El día 17 de septiembre, se realizó la segunda junta de aclaraciones, preguntas sobre bases y respuestas.  

4.- El 25 de septiembre, evaluación de ofertas. 

5.- El 8 de octubre, el fallo a licitación, en este caso por ofrecer mejores condiciones técnicas, legales y económicas gano Consorcio de Personas Morales Mexicanas.  

Las empresas del consorcio antes mencionado son: Constructora Maíz Mier SA de CV, Next Energy de México, SA de CV, Next Energy del Centro, S. de RL de CV, Next Energy BC, S. de RL de CV, Next Energy Agua Viento, S. de RL de CV, Estrategia Energía Eléctrica Comercializadora, S.A.P.I de C.V; (suministradora calificado) y Eólica Santa Catarina, S. de RL de CV.  

También el 15 de octubre de 2020, se firmó el “Contrato Plurianual de Compra-Venta de Energía, mediante suministro eléctrico para el Desarrollo de una Central Eléctrica Fotovoltaica en el Estado de Baja California y/o sus entidades Paraestatales”. 

Esto, en cumplimiento estricto al procedimiento de Licitación mencionado, en los artículos 18, 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.   

La titular de la SHFP, mencionó que actualmente, Baja California está aislado del Sistema Interconectado Nacional; referente de la energía eléctrica, y que el Estado cuenta con 21 plantas generadoras de gran escala en operación; y que no todas las instalaciones operan a plena capacidad. 

Dijo que el 25% de su producción se exporta a California, en los Estados Unidos. La producción actual es insuficiente ante la demanda, así como el incremento gradual proyectado. 

Por ello, se justifica técnica y financieramente, la construcción de nueva central eléctrica para garantizar el abasto presente y futuro, con los ahorros correspondientes, aseguró la secretaria de Honestidad.   

Agregó que el Acueducto Río Colorado-Tijuana está concesionado por el Gobierno Federal al Estatal, y es operado y administrado por la Comisión Estatal del Agua. Ahí se reciben 6 centros de carga, los que cuentan con Registro Activo ante la Comisión Reguladora de Energía como Usuario Calificado, todo con capacidad de recibir energía por Administrador de Servicios Calificados. 

Espinosa Martínez, enfatizó que el proyecto se realiza de acuerdo a los artículos 1, 3, y 5, fracción VI, de la Ley de Energías Renovables de Baja California, incrementando el uso y aprovechamiento de fuentes renovables, con sustentabilidad, competitividad económica, protección al ambiente, calidad de vida del habitante y el fomento a la transición energética no contaminante. 

Aclaró que éste, como todos los proyectos en el país, requiere posteriormente, contar con los permisos, licencias y/o autorizaciones acordes al proyecto, donde se determine el alcance, características, y personas morales y/o físicas a cargo del mismo, con la capacidad, experiencia y conocimientos exigidos en las Bases de Licitación.  

Vicenta Espinosa, dijo que fue necesaria la licitación por no contar con una Central Eléctrica en Baja California, orientada al ahorro y sustentabilidad; siendo claro que hay cumplimiento a normativa, reglamentación y desarrollo tanto de Contrato, como de avance de proyecto.  

Explicó que la regulación en el ámbito Federal la materia eléctrica (artículos 27 y 73, fracción X, de la Constitución General), permite que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emita criterios técnico- jurídicos y de operación hacia los Estados, para la construcción de Centrales Eléctricas, en términos de la Ley y Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.  

Esto, en concordancia con la Ley de Energías Renovables de Baja California, Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el Financiamiento de la transición energética. 

Por último, la secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP) en Baja California, dijo que no existen responsabilidades administrativas o penales en la que pudiera haber incurrido el Gobierno del Estado, y lamentó no poder contestar o dar respuesta al quejoso por descocer su identidad.